El Gobierno rebaja los costes del despido en la reforma laboral

MADRID (Reuters) - El Gobierno español aprobó el viernes una reforma laboral en la que rebaja el coste de despido improcedente a 33 días por año trabajado desde los 45 actuales, en un intento de favorecer la creación de empleo en un país con una tasa de paro del 23 por ciento.

"A partir de esta reforma se generaliza la indemnización por extinción de contrato indefinido a 33 días por año trabajado en caso de despido improcedente con un máximo de 24 mensualidades", dijo el viernes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros la ministra de Trabajo, Fátima Báñez.

La rebaja del coste del despido no tendrá efectos retroactivos, pero los trabajadores en activo comenzarán a computar 33 días de indemnización por año trabajado a partir de la publicación del Real decreto en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Junto a la rebaja de los días de cómputo por año trabajado para calcular la indemnización también llega una rebaja del máximo de mensualidades a cobrar, que pasa de 42 a 24 para los nuevos contratos, manteniéndose el anterior tope para los trabajadores actualmente en activo.

DESPIDO OBJETIVO CON 9 MESES DE MENORES INGRESOS

La reforma también objetiva las causas de despido bajo el paraguas de 20 días por año trabajado de indemnización y doce mensualidades máximas a un empleado de una empresa que demuestre caída de la actividad durante tres trimestres consecutivos.

"Se entiende que concurren causas económicas cuando de los resultados de la empresa se desprenda una situación económica negativa, en casos tales como la existencia de pérdidas actuales o previstas, reducción persistente de su nivel de ingresos o ventas (...) se entenderá que la reducción es persistente cuando se produzca durante tres trimestres consecutivos", dijo Báñez en la rueda de prensa.

En cuanto a los contratos temporales, se recupera la limitación de encadenamiento hasta los 24 meses a partir de 2013.

Báñez citó el lunes a sindicatos y empresarios para explicarles la reforma laboral, pero no quiso a pronunciarse sobre posibles convocatorias de protestas o huelga general, después de que a finales de enero los principales sindicatos españoles instaran al Gobierno a no legislar.

CONTRATO PARA AUTÓNOMOS Y PYMES

En la reforma, que se tramitará como proyecto de ley, se ha aprobado también la creación de un nuevo contrato indefinido para empresas de menos de 50 trabajadores y para autónomos.

Este nuevo contrato tendrá un período de prueba de un año, una deducción de 3.000 euros en bonificaciones a quien contrate a un primer trabajador de su empresa que sea menor de 30 años, y permitirá que ese trabajador cobre "durante un tiempo" el 25 por ciento de la prestación por desempleo y que la empresa se ahorre un 50 por ciento del coste por ese concepto.

El Ejecutivo cumple así con el compromiso de mayor flexibilidad para los autónomos y las pymes, que suponen, según datos del Gobierno, el 95 por ciento del tejido productivo español.

"(La reforma) está bien orientada y en la buena dirección para el mantenimiento del empleo, estableciendo mecanismos de flexibilidad y dejando, como siempre hemos pedido, el despido como último recurso", dijo Lorenzo Amor, presidente de la Federación de Autónomos ATA, recalcando que aún hay tareas pendientes, como la reactivación de la demanda y el crédito.

La ministra también anunció que las empresas de trabajo temporal (ETT) podrán operar como agencias de colocación, y que el contrato para la formación - que hasta ahora establecía un máximo de edad de 30 años hasta 2013 - se mantendrá hasta que la tasa de paro baje hasta el 15 por ciento, a partir de cuando volverá a limitarse hasta los 25 años de edad del trabajador.

Además, el Gobierno anunció que los directivos de las empresas públicas verán reducida su indemnización a 7 días por año trabajado, y que se limitará la indemnización a los directivos de banca.

La reforma, que entrará en vigor en los próximos días y que pretende facilitar la contratación en un país con más de 5,3 millones de parados y una tasa de desempleo del 23 por ciento, es anunciada una semana después de la segunda reforma del sistema financiero.

Estas reformas estructurales se enmarcan en las exigencias que le hacen a España sus socios de la Unión Europea - encabezados por Alemania - para recuperar la confianza de los mercados financieros y sanear sus cuentas públicas.