Quito, 25 feb (EFECOM).- El Gobierno de Ecuador anunció hoy que, "de mutuo acuerdo", terminará el contrato con la petrolera City Oriente, que actualmente opera el Bloque 27 en la Amazonía ecuatoriana.
El ministro de Minas y Petróleos, Galo Chiriboga, indicó en un comunicado que esa decisión "se tomará en conjunto con la empresa", en los próximos días, y que inmediatamente después se iniciarán los procesos administrativos y legales para que se revierta al Estado el Bloque operado por City Oriente.
En ese campo, City Oriente produce actualmente unos 3.000 barriles diarios de crudo ligero, de 21 grados en la escala API.
La compañía, con sede en Panamá, se adjudicó la operación del Bloque 27 el 29 de marzo de 1995, con un contrato de participación, precisa un comunicado del Ministerio de Minas y Petróleos.
En noviembre pasado la empresa estatal petrolera ecuatoriana, Petroecuador, solicitó al Ministerio de Minas y Petróleos que anule el contrato con City Oriente porque la compañía extranjera dejó de pagar al Estado ecuatoriano unos valores establecidos en la ley.
Además, Petroecuador acusó a City de "reincidencia de las infracciones" porque no canceló los valores de la denominada "Ley 042", que establecía un reparto, a partes iguales (50-50), de los ingresos extraordinarios obtenidos por la compañía, desde abril de 2006, por el alto precio internacional del crudo.
En octubre de 2007 el Ejecutivo ecuatoriano reformó ese reglamento y fijó un reparto del 99 por ciento de los beneficios extraordinarios para el Estado y el 1 por ciento para las petroleras privadas que operan en Ecuador.
Esa norma tampoco fue acatada por la compañía y, según Petroecuador, entre el 25 de abril de 2006 y el 31 de agosto de 2007, City adeudaba al Estado ecuatoriano 28,02 millones de dólares por el reparto de beneficios extraordinarios obtenidos por el alto precio del crudo.
Esas diferencias llevaron a un litigio entre el Estado ecuatoriano y la petrolera City, que llegó hasta el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).
Ese organismo internacional dictó medidas cautelares contra el Gobierno ecuatoriano, al acoger la demanda de City Oriente, que consideraba que los pagos por beneficios extraordinarios modifican el contrato que firmó en 1995.
El Tribunal Internacional pidió a Ecuador que se abstenga de "iniciar o continuar" cualquier acción judicial que involucre a City Oriente o sus empleados.
No obstante, la Procuraduría de Ecuador no ha reconocido la competencia del CIADI en este caso, pues sostiene que la sede en un arbitraje, dentro del contrato de participación firmado el 29 de marzo de 1995 con City Oriente, debe ser la ciudad de Quito. EFECOM
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