Bruselas, 29 ene (EFECOM).- La Comisión Europea pidió hoy a los Estados miembros en los que la actividad notarial está estrictamente regulada, entre ellos España, que apuesten por la liberalización del sector, pues ello conducirá a una bajada de los precios y mejorará la calidad de los servicios.
El ejecutivo comunitario presentó hoy un estudio, elaborado por expertos de las universidades de Bremen, Viena y Ratisbona, que demuestra que los sistemas notariales sometidos a menor regulación -como el escandinavo, el holandés y el anglosajón- son más baratos y efectivos.
El informe incide en los defectos del modelo notarial tradicional latino, vigente en la mayoría de Estados miembros -España, Portugal, Francia, Italia, Luxemburgo, Bélgica, Alemania, Polonia, Austria y Eslovenia-, en el que la participación de los notarios en las transacciones inmobiliarias es obligatoria, el acceso a la profesión está limitado (mediante "numerus clausus") y las tarifas son fijas.
Bruselas destaca que el coste anual de los servicios legales vinculados a transacciones inmobiliarias -redacción del contrato, registro de la escritura, certificación de las firmas, etc- ronda los 17.000 millones anuales en la UE, por lo que el aumento de la competencia en el sector podría conllevar un ahorro significativo para los consumidores.
De los 21 países analizados en el informe y sin tener en cuenta las diferencias de nivel de renta, Grecia es donde esto servicios salen más caros, pues representan de media el 2,96 por ciento del precio de la casa, y Suecia donde resultan más baratos, con sólo el 0,34 por ciento.
España está entre los países donde estos servicios suponen menor carga respecto al total de la operación, con una media del 0,6 por ciento del precio total.
Así, el coste de las gestiones notariales oscila en España de 891 euros para una casa de 100.000 euros, 1.194 euros sobre 250.000 euros, y 1.364 euros sobre 500.000 euros.
En cualquier caso, el estudio incide en que el modelo latino es, en general, más caro y, según los propios usuarios, la calidad del servicio es menor.
En cuanto a las numerosas restricciones que implica, los investigadores llegaron a la conclusión de que ninguna está justificada.
Así, cuestionan que la participación obligatoria del notario para dar validez a las transacciones garantice mayor protección al consumidor y apuntan que sólo implica un sobrecoste y más burocracia.
Consideran especialmente innecesaria la asistencia del notario en grandes operaciones en las que las partes están representadas por abogados.
También rechazan la exclusividad de los notarios para ejercer estas labores y apuntan que podrían desempeñarlas cualquier letrado e incluso agentes de la propiedad titulados.
Tampoco tiene sentido, a su juicio, la limitación del acceso a la profesión mediante "numerus clausus" ni la existencia de tarifas fijas.
Éstas no reflejan el coste real de los servicios, inciden, y provocan grandes distorsiones en los ingresos de los propios notarios, reflejando el nivel de riqueza de la zona donde operan.
Evaluaron, por último, la satisfacción de los usuarios -profesionales, asociaciones y consumidores- del servicio notarial y constataron que es menor en los países con el modelo tradicional.
España, en concreto, se encuentra a la cola en la evaluación de la calidad de estos servicios, sólo por delante de Polonia, Bélgica y Francia.
La Comisión Europea no se plantea, por el momento, proponer a los Veintisiete nueva legislación en este ámbito, pero los responsables de Competencia, Neelie Kroes, y Mercado Interior, van a dirigirse por carta a los Gobiernos nacionales para que analicen los resultados del estudio e instarles, en algunos casos, a acometer reformas. EFECOM
epn/pam
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