Empresas y finanzas

Caamaño: el Gobierno verá "lo antes posible" el indulto a Alfredo Sáenz

El ministro de Justicia, Francisco Caamaño. Foto: Archivo

El Consejo de Ministros analizará "lo antes posible" la petición de indulto al consejero delegado del Banco Santander, Alfredo Sáenz, cuando se concluya el expediente, en el que figuran ya un informe favorable, de la Fiscalía, y otro contrario, del Supremo.

Así lo ha asegurado hoy el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, en declaraciones a la cadena SER, en las que ha insistido en que la decisión sobre el indulto a Sáenz se verá cuanto antes por el derecho que asiste a cualquier persona que ha solicitado un indulto de que su situación se resuelva con la máxima celeridad.

Caamaño ha explicado que aún no ha visto en detalle el informe contrario del Supremo -se conoció ayer- y ha recordado que en la decisión final del Gobierno, además de éste y de la opinión de la Fiscalía, pesarán "la circunstancias de los hechos, el tiempo y otros muchos factores".

Visiones contrarias

El Tribunal Supremo avanzó ayer que presentará una valoración desfavorable a la petición del directivo de Banco Santander, después de que la pasada semana la Fiscalía mostrara su apoyo a conceder la medida de gracia a Sáenz.

Según señalaban ayer fuentes del Alto Tribunal, los cinco magistrados de la Sala de lo Penal que condenaron al ejecutivo bancario han considerado que no existen "razones de justicia o equidad" para que se conceda el indulto.

El Supremo, que ha elaborado su informe por encargo del Departamento que dirige Caamaño, enviará ahora su decisión a Justicia. El Ministerio a su vez lo remitirá al Consejo de Ministros, el cual tendrá que tomar la decisión final y publicarla en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

El 2 de septiembre de 2011, la Audiencia Provincial de Barcelona suspendió la ejecución de la sentencia que condenó al consejero delegado del Santander, así como a Miguel Ángel Calama, antiguo director de Banesto en Cataluña, y al abogado Rafael Jiménez de Parga.

El Supremo les había condenado por presentar en 1994 una denuncia falsa contra cuatro empresarios catalanes como medida de presión para que pagaran las deudas de sus empresas con Banesto.

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