
El Tribunal Supremo ha acordado informar desfavorablemente sobre la petición del consejero delegado del Santander, Alfredo Sáenz, de que el Gobierno le conmute la pena de tres meses de arresto e inhabilitación profesional que le impuso este tribunal por una denuncia falsa contra unos deudores de Banesto en 1994.
Según fuentes del Alto Tribunal, los cinco magistrados de la Sala de lo Penal que condenaron al ejecutivo bancario han considerado que no existen "razones de justicia o equidad" para que se conceda el indulto.
La posición del Supremo coincide con la expresada por los empresarios catalanes que fueron denunciados falsamente por Sáenz y otras dos personas como medida de presión para que pagaran las deudas de sus empresas con Banesto. Por el contrario, la Fiscalía se había mostrado favorable a la concesión de un indulto parcial.
Tres de ellos consideraban que "la concesión de un indulto para las benignas penas impuestas" al número dos del Santander sólo podría entenderse como "el tributo del poder oficial al poder real de las finanzas".
Los empresarios sostenían que no existen argumentos para que el Gobierno conceda la medida de gracia, pues Sáenz no ha mostrado arrepentimiento alguno y no existen "razones suficientes de justicia, equidad o conveniencia pública" para otorgar el indulto.