Economía/Empresas.- La CNE aboga por que las eléctricas salgan del capital de REE

La nueva directiva europea reducirá los mandatos de los consejeros de la CNE y los hará no renovables

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

La Comisión Nacional de la Energía (CNE) defiende que las compañías del sector eléctrico salgan del capital de Red Eléctrica de España (REE), frente a la actual limitación al 1% establecida por la legislación, según consta en el informe sobre la opinión del regulador acerca de la nueva directiva de la UE sobre la materia.

A efectos prácticos, esta medida obligaría a Endesa, en caso de aplicarse, a salir definitivamente de REE, después de que a finales de septiembre vendiera acciones por 96 millones para llegar al 1% y adaptarse a la norma. En el capital del gestor de la red eléctrica también participa SEPI, con un 20%.

Lo mismo ocurriría con Unión Fenosa, que vendió recientemente un 2% en la compañía presidida por Luis Atienza por 105 millones de euros, hasta reducir su participación al 1%. Por su parte, Iberdrola vendió toda su participación.

La legislación establece desde enero que ningún accionista puede tener más del 5% en el gestor de la red eléctrica, a excepción de SEPI. Además, la adaptación de esta norma a las directivas europeas restringió los derechos de voto de las empresas del sector eléctrico en el gestor al 1% de los derechos de voto.

En sus comentarios acerca de la nueva directiva de la Comisión Europea, el organismo presidido por María Teresa Costa considera que "para cumplir en rigor" la norma "la participación de empresas del sector eléctrico en REE encargada de la operación del sistema debería desaparecer por completo".

La CNE se muestra de acuerdo con la pretensión del Ejecutivo comunitario de separar redes de transporte y operadores de redes de transporte, ya que, desde su punto de vista, uno de los impedimentos principales para la creación de un mercado europeo es precisamente la posición dominante de empresas integradas verticalmente.

El regulador también coincide con las autoridades comunitarias en que la separación de propiedad es el modelo más adecuado para incentivar las inversiones necesarias en las redes.

Por otro lado, la CNE considera que la directiva obligará al Gobierno a cederle competencias en el proceso de certificación de los operadores de red de transporte. Bruselas quiere que esta labor recaiga en las autoridades reguladoras como paso previo a la autorización y designación de los mismos por parte de los Estados, por lo que, a juicio de la CNE, "será necesario incorporar la función de certificación a las ya desempeñadas" por el organismo.

MANDATOS DE LOS CONSEJEROS.

Otro de los cambios cualitativos de la directiva propuesta por Bruselas se refiere a la duración de los mandatos de los consejeros del regulador. La Comisión quiere que el cargo se desempeñe durante "un periodo fijo y no renovable de, al menos, cinco años".

La Ley 34/1998 y el Real Decreto 1339/1999, que regulan las competencias de la CNE, establecen que el presidente y los vocales del organismo serán nombrados por un "periodo de seis años, pudiendo ser renovados por un periodo de la misma duración". Por tanto, la CNE reconoce que no cumple la directiva en lo referente a la renovación en su cargo de los miembros del consejo.

La nueva directiva, que supone el tercer intento de la Comisión para consolidar un verdadero Mercado Interior de la Energía (MIE) comunitario, incide en la separación efectiva entre las redes de transporte y la producción y suministro, pero da alternativas a los países más reticentes a este 'unbundling'.

Además, apuesta por el fortalecimiento de los reguladores y establece que las empresas de terceros países que deseen adquirir total o parcialmente una red de transporte de la UE tendrán que cumplir de manera demostrable los mismos requisitos de separación que las empresas comunitarias.

Junto a esto, el texto aboga por el desarrollo de interconexiones entre los países de la UE y por la creación de una agencia de cooperación de los reguladores nacionales de la energía.