El Gobierno quiere controlar los sueldos millonarios y la retribución variable de las entidades financieras, especialmente de las cajas que han recibido ayudas públicas, además de dotar de mayor transparencia a los llamados bonus e indemnizaciones. En más de una ocasión, la vicepresidenta Elena Salgado ha defendido un política de limitación de salarios de los banqueros, de acuerdo con las directrices del G-20, porque forma parte de la prevención de los riesgos.
Las instituciones de ahorros, algunas de las cuales quieren cotizar en el mercado, mantienen a día de hoy en el máximo secreto las llamadas jubilaciones de oro de sus principales responsables y los denominados bonus. En los últimos meses, fruto de las fusiones, más de una docena de presidentes y directores generales han tenido que dejar sus cargos. En la mayor parte de los casos, las entidades se guardan los datos de estos finiquitos -pensiones, retribuciones especiales, etc.-.
Las cajas, a pesar de su intención de aumentar el grado de información, continúan con la política de antes, de aportar estas cifras de manera conjunta en el epígrafe de las remuneraciones al personal directivo clave, incluidos los consejeros con funciones ejecutivas.
Solo tres entidades
De la docena de casos, sólo se conoce el importe que percibieron a su salida los presidentes de Caja Madrid, Miguel Blesa, y los directores generales de CAI y Caja España. Si bien, el detalle se conoce públicamente por las denuncias de los sindicatos y por las publicaciones de la prensa, que posteriormente tienen que reconocer.
Blesa se llevó 1,8 millones de euros de la madrileña en enero de 2010, después de perder su batalla con la Comunidad de Madrid para mantenerse al frente de la entidad. La cantidad podría haber sido mayor si su sucesor, Rodrigo Rato, no hubiera suspendido el reparto del bonus plurianual a 25 altos directivos de la caja a principios de este año. La decisión de Rato ha sentado un precedente en el sector.
Quien sí pudo percibir una indemnización millonaria fue el defensor de Blesa en su lucha por el poder. El secretario del consejo, Enrique de la Torre, recibió en 2009 casi 4,8 millones, según desvelaron fuentes de Caja Madrid este año.
A los tribunales
Los directivos de la entidad madrileña, en su mayor parte, han desistido de acudir a los tribunales por la cancelación del cobro de bonus. Quien no ha tomado de la misma manera una decisión similar ha sido el exdirector general de Caja de la Inmaculada (CAI), Tomás García Montes, que ha llevado su caso a los tribunales.
Montes fue apartado de la gestión de CAI a mediados de 2010, para facilitar la operación de fusión de ésta con las Caja Círculo y Badajoz. Según fuentes conocedoras, al exdirector general de la aragonesa le correspondían 4,2 millones en concepto de indemnización, una cifra que la caja no ha abonado por considerar demasiado elevada.
Montes dejó todo atado antes de irse, ya que la caja había provisionado dicho importe para la financiación de algún cese en la entidad. Junto al número dos, dejó su cargo el presidente, Antonio Aznar.
Fruto de una integración, la de las cajas castellanas, los máximos responsables de la leonesa Caja España tuvieron que abandonar sus puestos: el presidente, Santos Llamas, y el director general, José Ignacio Lagartos. Éste último no se fue con la manos vacías. Según denunciaron los sindicatos, percibió una prejubilación de 1,2 millones de euros, 400.000 euros más de los establecido por el contrato y las condiciones previamente pactadas.
Estos tres son los pocos casos contados de la revolución en los puestos de mando de las cajas del último ejercicio. Nada se conoce de las indemnizaciones, y si las han cobrado, de los presidentes de CatalunyaCaixa, Narcís Serra y su sustituto durante cuatro meses, Fernando Casado.
Lo mismo ocurre con el presidente de Caja Duero, Julio Fermoso, y con la reciente dimisión del número dos de la fusionada Duero-España, Lucas Hernández. El nuevo presidente de la castellana, Evaristo del Canto, ha entrado con mal pie en este terreno. Los sindicatos han exigido la devolución de la indemnización -se calcula en 1,35 millones que percibió en 2003, cuando fue destituido de la gestión de Caja España.
En el secretismo permanecen aún el dinero que han recibido los dos primeros espadas de la catalana Unnim, grupo formado por las cajas de Terrassa, Sabadell y Manlleu. El presidente, Salvador Soley, y el director general, Enric Mata, dejaron sus puestos el mes pasado de manera anticipada.
Méndez, sin 'finiquito'
La integración de las cajas gallegas se llevó por delante la gestión de treinta años del primer ejecutivo de Caixa Galicia, José Luis Méndez. Se desconoce el finiquito de este directivo tras tres décadas de trabajo en la entidad.
Según desveló entonces la entidad, Méndez habría renunciado a la indemnización. Fuentes del sector sostienen que esta renuncia estaba aparejada a mantener algún lazo profesional con la caja. Novacaixagalicia le ha premiado con la presidencia de la Fundación Caixa Galicia. Eso sí, no percibirá ninguna contraprestación dineraria, al tratarse de un puesto de representación y no ejecutivo.
La CECA prejubilará al 20% de su plantilla
