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"Vaya paciencia que hay que tener para aguantar a los políticos que se pelean por una fecha y no tienen en cuenta a los ciudadanos", asegura Julio, un joven estudiante de Medicina que vive en Sitges y se baja en la estación de Sants para ir a la facultad. El único alivio que se encontraron los usuarios ayer fue que los autobuses que cogían para enlazar con los trenes de Cercanías o para ir al aeropuerto de El Prat eran gratis. "¡Vaya decisión de la ministra de Fomento! Estará contenta ella que viaja en coche oficial", sentencia Julio.
Mientras los usuarios seguían sufriendo el caos, el Gobierno dio ayer su brazo a torcer y dejó entrever que la llegada del tren de alta velocidad (AVE) a Barcelona sufrirá retrasos y su inauguración no podrá realizarse el próximo día 21 de diciembre. Fue la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, la primera en recular: "Si no se puede hacer ese día, no se hará, tampoco pasa nada", declaró. También reiteró que el Gobierno "lamenta" los problemas que se están causando a los ciudadanos y les pidió "disculpas".
De la Vega prepara así el terreno al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que el próximo miércoles día 31 comparecerá en el Congreso para dar explicaciones sobre los incidentes en las obras, los responsables de los mismos y las fechas previstas para volver a poner en marcha el servicio de Cercanías de Renfe en Barcelona, que utilizan casi 100.000 personas cada día. Además, también tendrá que dar una nueva fecha la llegada del AVE a la capital catalana.
Polémica con las empresas
Al contrario que la vicepresidenta, la ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, se enrocó en sus posiciones y siguió culpando a las empresas constructoras de todos los problemas en las obras. Además, aunque admitió que la fecha del 21 podría incumplirse si los técnicos lo recomiendan, se atrevió a a decir que "se puede asegurar que -el AVE- en Barcelona va a estar en el año 2007".
La ministra de Fomento consideró que la culpable de todos los incidentes y cortes de vías de Cercanías Renfe y de los Ferrocarriles de la Generalitat (FGC) es la constructora OHL (OHL.MC), que preside el empresario Juan Miguel Villar Mir. Según Álvarez, su Ministerio trabaja para abrir un expediente con el fin de que OHL "informe de todas las cuestiones a los técnicos del Ministerio".
En su opinión, "se nos ha olvidado que son los responsables de cumplir un contrato que se les adjudicó con unas características, unas calidades y con unos plazos, y que es obligación de la Administración gestionar bien el dinero de los ciudadanos y exigir que se cumplan todos los aspectos de la contratación".
En su defensa, OHL emitió el pasado día 23 un comunicado en el que asegura que "los problemas y dificultades surgidos en la ejecución de la obra del AVE en Barcelona son de carácter exclusivamente técnico, consecuencia de la complejidad de una obra subterránea que afecta a numerosas infraestructuras, como se ha venido diciendo en las últimas fechas por parte de todos los agentes y Administraciones Públicas involucrados".
Cumplir los plazos
La compañía recuerda que está poniendo "todos los medios a su alcance para ejecutarla en el mínimo plazo técnicamente posible, con las mayores garantías de seguridad, la voluntad de afectar lo menos posible a los ciudadanos y actuando siempre bajo la dirección de Adif (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias), organismo público dependiente del Ministerio de Fomento responsable de esta obra".
La empresa también desmintió que la incidencia en las obras haya tenido que ver con la expropiación de los terrenos del grupo Villar Mir en Galicia para, precisamente, construir el AVE en esa autonomía.
Pese a eso, la presión sobre OHL también se produjo por parte de Renfe. El operador ferroviario aseguró que debe ser la compañía OHL quien se haga cargo del coste total del operativo de emergencia que está suponiendo el corte de tres líneas de Cercanías, según anunció ayer el presidente del operador ferroviario, José Salgueiro.