Madrid, 23 oct (EFECOM).- El juicio oral que se ha seguido, desde el mes de julio, en la Audiencia Nacional contra el financiero Javier de la Rosa por el desvío de 27,4 millones de dólares dentro de la denominada operación "Croesus" quedó hoy visto para sentencia.
La Audiencia Nacional habrá de decidir sobre si existe apropiación indebida y falsedad documental en la actuación del financiero catalán, para quien la Fiscalía Anticorrupción pide nueve años de cárcel, mientras la acusación particular del Grupo Torras reclama doce años de prisión.
En su última palabra antes de que se conozca la sentencia, Javier de la Rosa afirmó que "no cobró cantidad alguna" por esta operación y pidió una sentencia absolutoria para acabar con "estos veinte años de angustia" enzarzados en las cuatro piezas separadas del denominado caso Torras, en tres de las cuales ya ha sido condenado a quince años de prisión.
"Piensen en el ciudadano Javier de la Rosa, no en Javier de la Rosa condenado" por otras operaciones, afirmó el financiero, tras explicar que sus problemas con la justicia han venido por ser "leal los que me emplearon": el antiguo presidente de KIO Fahad Al Sabah, quien reside en Bahamas, y el vicepresidente del grupo kuwaití Fouad Jaffar, en Londres y pendiente de extradición.
Javier de la Rosa relató además como, cuatro días antes de que se presentasen cargos contra él, alguien le dijo que podía dejar España pero -añadió- "preferí quedarme y dar la cara" por los directivos y abogados que le acompañaron en la gestión de Torras y KIO.
Según el relato del fiscal, a mediados de 1988, De la Rosa solicitó, sin consentimiento del consejo de administración del Grupo Torras, autorización para que en nombre de Torras Hostench SA, el grupo kuwaití KIO adelantara 27,4 millones de dólares (3.176 millones de pesetas) por un pago "de servicios rendidos" a la compañía española, sin que ello supusiese, posteriormente, "ningún beneficio ni provecho comercial" para esta empresa.
KIO autorizó este pago a Torras Hostench SA y lo consideró como un préstamo, pues una filial de Kuwait Investments Office en Holanda -Kookmeeuw Holdings BV- hizo una transferencia por 3.176 millones de pesetas a nombre de la sociedad Bigley, cuyo titular era el empresario Enrique Sarasola, ya fallecido, de la que salieron más de 5,99 millones de dólares (695 millones de pesetas) para De la Rosa, "sin que haya dado explicaciones de ello", según el fiscal.
Posteriormente, Torras Hostench tuvo que devolver este préstamo a KIO y, para ello, se diseñó un esquema a través de la sociedad instrumental gibraltareña Croesus, a la que Torras Hostench London -la filial de la compañía española en el Reino Unido- le transfirió 25 millones de dólares (3.073 millones de pesetas) después de firmar un préstamo con el Banco Santander en septiembre de 1989.
Según el relato del fiscal, Soler obtuvo este préstamo con Torras Hostench SA como avalista y garante de la devolución hasta el total, por lo que pignoró unos pagarés por valor de 5.200 millones de pesetas (42,27 millones de dólares de la época).
Sin embargo, la defensa de Javier de la Rosa mantiene que se acordó pagar al empresario Enrique Sarasola 35 millones de dólares por las acciones y los servicios prestados en la venta de Urbanor a la firma kuwaití, además de otras intervenciones en la fusión de Explosivos Rio Tinto con Cros (para formar Ercros) y la opa de Torras sobre Ebro.
En un momento dado, como Kio reclamaba el dinero y Sarasola mantenía su negativa a dar recibos, el citado préstamo se consideró "fallido" con el objetivo de obtener beneficios fiscales, tras lo que se amortizó con cargo a reservas.
El fiscal pide también cuatro años de prisión para Miguel Soler, mientras que la acusación particular ha imputado al consejero delegado Jorge Nuñez, al contable gibraltareño Plinio Coll y al director de inversiones de KIO, Richard Robinson.
Todos ellos, a través de sus abogados, han pedido hoy su libre absolución, mientras que la representación de Coll y Soler piden la condena en costas para Grupo Torras por "acusación temeraria", en tanto que la representación de los herederos de Enrique Sarasola, considerados partícipes a título lucrativo, ha negado las afirmaciones de Javier de la Rosa. EFECOM
dsp/prb
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