Las cajas han llegado a tiempo para prejubilar con condiciones ventajosas, antes de que el Gobierno endurezca la legislación de estos procesos de adelgazamiento de las plantillas empresariales. Los poco más de 11.500 trabajadores que se acogerán a este ajuste en el sector de las entidades de ahorros, fruto de las fusiones, costarán en torno a 3.700 millones de euros, es decir, el 36% de las ayudas públicas recibidas.
En la mayor parte de los casos, las entidades ya han guardado en un colchón especial el dinero que destinarán a un proceso que se está acelerando y que culminará, previsiblemente, a finales de este ejercicio. De media, según fuentes sindicales, cada empleado prejubilado supone un desembolso de entre 300.000 y 350.000 euros, aunque las cifras son muy dispares en función de la entidad y la edad actual entre otros factores. El coste sería mayor si el Estado no hubiera asumido el subsidio del paro los dos primeros años.
Las condiciones pactadas entre las direcciones de las cajas y los representantes de los trabajadores, de manera prácticamente unánime, son las siguientes a grandes rasgos: se pueden acoger a partir de los 55 años de edad, en los dos primeros años percibirán el subsidio de desempleo del Estado y desde entonces hasta los 64 años cobrarán entre el 90 y el 95 por ciento del salario neto.
El papel del Frob
Desde las entidades y desde las fuerzas sindicales aseguran que las ayudas públicas fueron otorgadas por el Estado para llevar a cabo los procesos de ajuste en el sector, que en los últimos años se había sobredimensionado como consecuencia de la expansión de sucursales por el territorio nacional a la par que el 'boom' inmobiliario. Añaden que éste es el espíritu del llamado Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob), que ha repartido 10.342 millones en diversos planes de integración.
La entidad que más gastará por empleado en las prejubilaciones es Novacaixagalicia, mientras que la que menos es Mare Nostrum.
La factura que paga la caja gallega asciende a más de 400.000 euros por trabajador que se acoge al Expediente de Regulación de Empleo (ERE). El coste para la fusión de las cajas de Murcia, Penedés, Baleares y Granada se limita a unos 233.000 euros. No obstante, ésta es una de las que más fondos públicos dedicará al ajuste laboral, ya que el gasto total asciende a 450 millones, el 49 por ciento de las ayudas. Sólo la integración de Caja Duero-España destinará un porcentaje mayor, el 51 por ciento, del dinero del Frob a prejubilaciones. La disminución de plantilla en la castellana podría aumentar como consecuencia de la fusión que ha aprobado con Unicaja.
En BBK el porcentaje es similar. Si bien, las ayudas que percibió la vasca fueron para cubrir créditos morosos de Cajasur, entidad que se adjudicó tras su intervención.
El mayor volumen de afectados se da en Bankia, con 4.000 prejubilados. El SIP de Caja Madrid ha reservado 1.400 millones para financiar el ajuste de plantilla.
Las cajas prejubilarán a 11.000 empleados
