Madrid, 16 oct (EFECOM).- La CNMV decidió intervenir Gescartera, en junio de 2001, por tener probada la "falsedad" de las cuentas aportadas por sus responsables, después de los problemas heredados tras el "descuadre" descubierto en noviembre de 1998 por más de 4.500 millones de pesetas (27 millones de euros).
Según los testigos de la CNMV que comparecieron hoy en la decimotercera sesión del juicio, este agujero fue confirmado por la "falsedad" de varios documentos de La Caixa y Banco Santander facilitado por Gescartera en 2001 y derivó en más de 50 millones de euros, como relata el informe pericial.
Poco antes de la intervención en ese año, tras transformarse Gescartera de sociedad de gestión de carteras a agencia de valores, la entonces presidenta de la CNMV, Pilar Valiente, obligada después a dimitir, extremó las medidas de vigilancia sobre la sociedad, dada su nueva condición y las dificultades con varias inspecciones en 1995, 1997, 1998 y otra investigación abierta en 1999.
Pilar Valiente había sustituido a Juan Fernández-Armesto al frente de la entidad, mientras que Antonio Alonso Ureba dejó la secretaría del consejo de la CNMV en favor de Sol Bourgon, quien pidió al director de supervisión, Antonio Botella, la "máxima escrupulosidad" en las investigaciones a la agencia de valores.
Por ello, "por el pasado" de la sociedad y porque el coeficiente de liquidez estaba "por encima de lo normal" (7.000 millones de pesetas), relató hoy Botella, se cotejaron los recibos presentados por Gescartera de sus cuentas en Caja Madrid (menos de 1.000 millones en valores); otro de La Caixa, por unos 4.000 millones, y otro del Banco Santander, por más de 2.600 millones de pesetas.
Fue el Banco Santander el que les dijo que no tenía ese volumen de dinero de clientes de Gescartera el 13 de junio y, al día siguiente, ante el "cabreo" de Antonio Camacho -"por haber abandonado una comida con su suegro el día de su santo"-, la CNMV les comunica que va a intervenir la sociedad, que había "demorado" y "obstruido" durante años la supervisión del organismo regulador.
Según el empleado de la CNMV Francisco Jiménez, en noviembre de 1998, se le empezaron a pedir datos a Gescartera, que declaró tener 15.650 millones de pesetas -unos 94 millones de euros-, repartidos en patrimonio gestionado (8.400 millones), liquidez (6.400 millones) y valores (850 millones de pesetas).
Sin embargo, había clientes que tenían el 17 por ciento de esta liquidez, como el Arzobispado de Valladolid (1.105 millones de pesetas) y, además, Bankinter "nos mandó" documentación de movimientos por 5.500 millones de pesetas, por lo que se concluyó que había un desfase de 4.500 millones de pesetas, dijo el testigo.
Pese a abrir un expediente sancionador con esos datos, el Consejo de la CNMV decide, en abril de 1999, no intervenir, y aprueba por esas fechas "medidas cautelares", como no usar recursos de unos clientes para pagar a otros y, según fuentes jurídicas, la prohibición de operar con una cuenta global u "omnibus".
En junio de 1999, Antonio Botella recibe el encargo de Juan Fernández Armesto, de buscar el agujero patrimonial de la entidad, pero al hacer otro "corte" con estas cuentas, descubre las "dificultades", "obstáculos" y "obstrucciones" con las que se habían encontrado sus compañeros David Vives y Luis Peigneux.
Gescartera le dice que había 11.000 millones de pesetas (66,11 millones de euros), que era la suma de 7.000 millones de pesetas en acciones y efectivo, más otros 4.500 millones de pesetas, que estaban supuestamente "materializados" en acciones de una SICAV.
Sin embargo, el banco HSBC notifica, en septiembre de 1999, que no se crea esta SICAV y la CNMV ve que esta sociedad en Luxemburgo sólo tiene 1,4 millones de euros (en vez de los 27 millones de euros prometidos), por lo que requiere nueva documentación a los apoderados Antonio Camacho y José María Ruiz de la Serna, que envían cinco certificados bancarios de La Caixa.
Estos certificados validaban, según los imputados, que existían tres cheques para cobro por 3.929 millones de pesetas, más otra cuenta denominada "Clientes Gescartera Internacional", para "repatriar" los fondos de clientes del extranjero, lo que originó que la CNMV cerrase en 1999 el expediente abierto.
Otra de las dificultades que se encontraron fueron las discrepancias con Camacho y Ruiz de la Serna con la CNMV por usar una cuenta global u "omnibus" para todos los clientes, que se saldaron en esta época (1999) gracias un informe hecho por el bufete "Alonso Ureba y Bauzá Asociados", en el que trabajaba el hermano del director de los servicios jurídicos de la CNMV.
Además, Gescartera, antes de dar estas excusas, en años anteriores, había utilizado operativas como dar un saldo de clientes inferior al real, bajo la figura "Patrimonio efecto gestión sin poder de disposición", para intentar minimizar el agujero económico, y los clientes daban respuestas "vagas" e "iguales", en línea con los expuesto por los responsables de la sociedad.
"Es peculiar que, a pesar de haber pedido la devolución de su dinero en Gescartera, ningún cliente haya reclamado a la CNMV", afirmó ante el tribunal, Botella, quien puso como ejemplo de ello a la ONCE, que perdió unos 540 millones de sus inversiones. EFECOM
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