Toledo, 4 oct (EFECOM).- Los secretarios generales de UGT y CCOO de Castilla-La Mancha, Carlos Pedrosa y José Luis Gil, se concentraron esta tarde junto a unas 250 personas ante la sede de la factoría Dream Fruits, en Quero (Toledo), para pedir soluciones a la suspensión de pagos presentada por la empresa el 3 de septiembre.
Mientras UGT hizo hincapié en pedir a la Junta de Castilla-La Mancha que se implique con los trabajadores de Dream Fruits y con los de la comarca de Quero ante la crisis en la empresa, la dirección regional de CCOO consideró que la intervención del Gobierno regional es "muy limitada".
Para el líder regional de UGT, Carlos Pedrosa, Dream Fruits se trata de una empresa viable, que además pertenece al sector agroalimentario que está en alza en Castilla-La Mancha, y de la que dependen no sólo los 210 trabajadores de la plantilla sino también los de las cooperativas de la zona, transportistas y otros sectores.
Según Pedrosa, la solución pasa por que la Administración regional apueste por la continuidad de la empresa a través de los órganos financieros o crediticios a los que tiene acceso la Junta o por la búsqueda de fórmulas como pueden ser modificaciones en la titularidad del capital de la empresa, explicó UGT en un comunicado.
Por el contrario, el coordinador regional de la federación agroalimentaria de CCOO de Castilla-La Mancha, Demetrio Muñoz, afirmó en declaraciones a Efe que la solución definitiva al problema de la empresa no pasa por la intervención de la Junta.
Según Muñoz, la situación se ha generado por una "mala planificación" en la empresa y por lo tanto el "papel de la Junta es muy limitado" ya que la solución definitiva no pasaría por la Administración regional.
Muñoz, quien manifestó que la situación es "muy peliaguda", añadió que CCOO ha pedido el plan de viabilidad de la empresa para poder buscar posibles soluciones en base al mismo.
Según informó CCOO en un comunicado, aunque la materia prima sigue entrando en la empresa, solo están funcionando dos terceras partes de las diez líneas de producción que tiene la factoría.
A pesar de que la deuda de la empresa asciende a 120 millones de euros, de los cuales diecinueve se los deben a cooperativas agrarias y bodegas, los trabajadores de la empresa, que son mayoritariamente mujeres, han cobrado su nómina regularmente.
En este momento está pendiente el pronunciamiento del juez sobre si acepta o no a trámite la suspensión de pagos.
En el caso de que autorice esta suspensión, el juez nombrará a interventores judiciales que serán los encargados del mantenimiento de la empresa hasta que se regule la situación.
El problema también se extiende a los trabajadores de cerca de treinta cooperativas que proveen de materia prima a la manufacturera que ven en peligro el cobro de sus facturas pendientes y la continuidad de un cliente estratégico. EFECOM
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