Nueva Rumasa se encuentra en la UVI financiera y nadie sabe de cúanto es realmente el agujero. Pero la banca acreedora se ha cansado de las largas de la familia Ruiz-Mateos y está presionando ya para que presente cuanto antes el concurso de acreedores en sus compañías con el objetivo de poder garantizarse cobrar al menos una parte de la deuda.
El juez Franciso Javier Vaquer, titular del juzgado de lo mercantil número 6 de Madrid, encargado del preconcurso de Clesa, está llamando ya a administradores concursales ante una posible caída rápida, que podría precipitarse en cuestión de días, aunque los Ruiz-Mateos siguen intentando que entre un fondo.
Ayer un miembro de la familia aseguró a este periódico que "se ha alcanzado un principio de acuerdo para negociar en exclusiva con el fondo Oaktree". Esta firma norteamericana, una de las mayores del mundo en su sector, está encabezada en España por Carlos Gila, experto en reestructuraciones financieras que, entre otras compañías, consiguió sacar adelante La Seda. Pero el problema es que no lo tiene tan claro.
Fuentes oficiales de Oaktree aseguraron ayer que no hay nada cerrado, sino tan sólo un acuerdo para examinar las cuentas durante siete días. "Oaktree no ha adquirido ningún compromiso de inversión y cualquier paso para seguir negociaciones con Nueva Rumasa estará basado en los resultados de este proceso inicial de due diligence", aseguran. Todo obedece a que el fondo ha dado esta misma semana un ultimátum a Rumasa para que le enseñe las cuentas bajo la amenaza de cortar la negociación, aunque teme que la situación es mucho más dramática de lo que realmente está apareciendo.
Inyección de capital
En principio, y a pesar de que haría falta una importante inyección de dinero -Ruiz-Mateos habla de 500 millones-, el principal escollo radica en que su desembarco sólo se llevará a cabo si tienen el control absoluto.
Al margen de Oaktree, Nueva Rumasa ha ofrecido también en los últimos días marcas y fábricas a distintas compañías como Lactalis, que se interesó por Cacaolat y Dhul, o Leche Río, que llegó a anunciar una auditoría para comprar la fábrica gallega de Clesa. Un grupo importante de inversores afectados está estudiando, mientras tanto, la posibilidad de denunciar a la Administración Central por la vía contencioso-administrativa por presunta responsabilidad patrimonial.
Pese a las siete advertencias realizadas por la CNMV cada vez que Rumasa anunciaba una emisión de pagarés,muchos afectados consideran que el Estado debería haber intervenido para evitar la suscripción, más aún cuando el holding ya estaba siendo investigado por diferentes irregularidades.
A juicio de Santiago Viciano, que ha impulsado una plataforma de inversores afectados por Rumasa del despacho V Abogados, es una opción viable "porque no sólo bastaba con advertir, sino que deberían haber parado las emisiones". Eso sí, atendiendo a los precedentes, que la opción llegue a buen puerto se presenta complicado. Otros despachos, sin embargo, se muestran más escépticos.
Enrique Sanjuan, socio del bufete Martínez Echevarría, asegura que "una acción contra el Estado por los inversores no tendría viabilidad debido a que ya existen precedentes en Fórum y Afinsa por las que el Tribunal Supremo la ha rechazado". Las dudas de este bufete sobre solicitar responsabilidad al Estado las comparte el letrado David Magdalena de Iure Abogados, que representa a un gran número de bonistas.
Pero hay otras opciones que todavía no han sido descartadas. Entre éstas se encontraría pedir el concurso necesario de compañías que han avalado las cantidades invertidas por los bonistas y que no han solicitado el concurso.Magdalena estudia ir contra los auditores e incluso pedir responsabilidades penales. La devolución será más fácil para los importes ya vencidos.
Oaktree auditará las empresas de Rumasa
