Córdoba, 25 sep (EFECOM).- La ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación, Elena Espinosa, subrayó hoy que el desarrollo de las zonas rurales, que suponen el 90 por ciento del territorio del Estado e incluyen a un tercio de la población española, sólo será posible si se compatibiliza con el desarrollo sostenible.
Espinosa participó hoy en Córdoba en el "Foro de Debate del Grupo Joly", donde ofreció una conferencia y respondió a las preguntas que formularon algunos de los 200 asistentes al acto, representantes de la vida política, empresarial y cultural de Córdoba.
Durante el coloquio, la ministra de Agricultura hizo un repaso a algunas de las cuestiones que interesan al sector, como el incremento en el precio de los cereales, la Política Agraria Comunitaria (PAC) o la reforma de la OCM del vino.
La ministra centró su conferencia en explicar las líneas fundamentales del anteproyecto de Ley de Desarrollo Sostenible del Medio Rural, que beneficiará a todos los municipios de la provincia de Córdoba, excepto a su capital.
En términos generales, Espinosa destacó que el 96 por ciento de los ayuntamientos españoles, es decir 7.899 de los 8.100 gobiernos locales, se podrán acoger a esta nueva norma, que tendrá como finalidad, además de favorecer el desarrollo económico de las zonas rurales, proteger los paisajes, producir alimentos de calidad y evitar el proceso de despoblamiento de estas zonas.
Para ello, indicó que el texto incluye actuaciones agrícolas, desarrollo de infraestructuras, planificación medioambiental, mantenimiento del empleo estable, el uso de nuevas tecnologías e intensificar las prestaciones sanitarias, educativas y culturales.
Explicó que el proyecto de ley recoge una orientación territorial, un carácter multisectorial y un alto grado de gobernanza, aunque destacó que el Gobierno considera que el texto es respetuoso con los aspectos competenciales.
En cuanto a la orientación territorial, Espinosa detalló que las comunidades autónomas se encargarán de clasificar las zonas rurales en función de sus necesidades, mientras que el carácter multisectorial se centrará en potenciar otras actividades económicas además de las agrarias, para lograr "un medio cada vez más diversificado".
En este sentido, citó las industrias de producción de biocombustible, a las que "no se puede condenar sin tener información suficiente", en alusión a las críticas que relacionan el aumento de la producción de este tipo de combustible con el incremento en el precio de los cereales.
Espinosa subrayó que todas estas medidas son "una oportunidad real de desarrollo, sobre todo en la sociedad actual, que es cada vez más urbanita, pero se ha alejado en exceso de sus raíces" e incidirán en que "todos los ciudadanos tengan los mismos derechos, con independencia de si viven en una zona urbana o rural".
En el turno de preguntas, la ministra reiteró que "en ningún momento" el Gobierno "ha culpado al sector cerealista de la subida de los precios" del pan, sino que las oscilaciones obedecen a la ley de la oferta y la demanda y también a la influencia de los mercados de futuro, por lo que aseguró que "no se puede culpar a nadie" del encarecimiento.
Del mismo modo, tampoco "se puede culpar al sector ganadero si suben los precios y finalmente llega al consumidor", aunque hizo una "advertencia a la responsabilidad".
La ministra calculó que si el precio de la harina ha subido alrededor de un 10 por ciento, supondría un incremento de 6 céntimos en una barra de pan que costase 0,60 euros, lo que no explica que puedan costar hasta un euro.
Por este motivo, aseguró que la Comisión de Defensa de la Competencia "trabajará para que no existan abusos" en el incremento de precios.
Por otro lado, Espinosa subrayó la necesidad de que los agricultores se impliquen en los procesos a los que se ven sometidos los productos, como su embalaje o limpieza, de forma que le impriman un valor añadido y consigan más beneficios por los mismos. EFECOM
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