Zamora, 21 sep (EFECOM).- El abogado del Estado, en representación de la Agencia Tributaria, solicitó hoy una pena de seis años de prisión y una multa superior a 1,4 millones de euros para un empresario portugués afincado en Zamora como presunto autor de dos delitos de defraudación a Hacienda en el cobro del IVA.
En el juicio, que hoy quedó visto para sentencia en el Juzgado de lo Penal de Zamora, el Ministerio Fiscal pidió para el acusado cuatro años de prisión, dos por cada delito, y 944.340 euros de multa, mientras que la defensa solicitó la libre absolución al estimar que no había quedado acreditado el supuesto fraude.
Además del empresario J.N.P., en el banquillo de los acusados se sentó también la administrativa de las dos empresas a las que se acusa del fraude, que quedó finalmente absuelta al modificar sus conclusiones y retirar la acusación contra ella tanto el fiscal como el abogado del Estado.
La Fiscalía y la acusación particular que ejerce Hacienda sostuvieron que entre 1996 y 1999 las empresas Grupo General y Enerduero, de las que era gerente el acusado, defraudaron conjuntamente 472.170 euros a Hacienda en concepto del IVA, por lo que, al margen de la multa, ambos solicitan que se indemnice con esta cantidad a la Agencia Tributaria.
La tesis de la acusación sostiene que estas empresas adquirieron placas-base de ordenadores a una compañía portuguesa a la que luego simularon revender ese mismo material informático para que Hacienda les devolviera el IVA, que es reembolsable cuando la venta se efectúa a una empresa de otro país de la Unión Europea.
La Agencia Tributaria y la Fiscalía sospecharon que la venta a Portugal era ficticia y que en realidad las placas-base se vendían sin cobrar el IVA a empresas españolas de venta al por menor de material informático.
Sin embargo, la defensa alega que las empresas zamoranas adquirieron las placas-base porque eran defectuosas, les aplicaron una capa de estaño para recuperarlas y luego, una vez arregladas, se revendieron a la misma empresa portuguesa a las que se la compraron, por lo que no hay ilegalidad en las transacciones comerciales.
Para el abogado de la defensa ha quedado acreditado que se realizó el transporte de las placas-base, primero de Portugal a España y, una vez reparadas, de nuevo a Portugal. EFECOM
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