Bruselas, 16 sep (EFECOM).- La Comisión Europea presentará el miércoles su tercer paquete de medidas para la liberalización de la energía, que incluye la separación patrimonial de las grandes empresas de gas y electricidad, una medida que sólo apoyan determinados países europeos, entre ellos España.
El Ejecutivo comunitario quiere abrir los mercados a la competencia para que el ciudadano pueda ser un "sujeto activo", es decir, para poder escoger un proveedor distinto a la compañía productora, o incluso vender fácilmente la energía generada a través de métodos limpios como la colocación de placas solares.
Este escenario cuenta con la oposición de nueve estados, Francia y Alemania a la cabeza, que no quieren que se haga efectiva la separación (unbumdling) entre redes de producción y distribución, ya que supondrá la disgregación de gigantes energéticos como Gaz de France, EDF y EON.
Frente a ellos, otros ocho países, entre ellos España, apoyan una disgregación de las actividades energéticas que ya es efectiva en sus territorios.
Para intentar calmar los ánimos, la Comisión ha diseñado una propuesta alternativa a la separación patrimonial, que consistiría en que las empresas pudieran mantener la propiedad de las redes de distribución, pero que éstas fueran gestionadas por entidades independientes.
Esta idea sigue sin convencer a los países más reacios al paquete, que además temen el desembarco en el mercado europeo, en superioridad de condiciones, de gigantes como la rusa Gazprom.
El Ejecutivo comunitario pretende conjurar esta posibilidad imponiendo las mismas condiciones restrictivas a las empresas de fuera de la UE si pretenden operar en el mercado europeo.
La manera de aplicar esta medida de protección es uno de los puntos que quedan por concretar de aquí al miércoles, cuando el comisario de Energía, Andris Piebalgs, presentará el paquete energético ante la Eurocámara y el Consejo Europeo.
También hay flecos abiertos en el capítulo de las reglas de transparencia, con las que la Comisión quiere que las empresas de energía ya asentadas en el mercado compartan cierta información técnica y comercial con las aspirantes, para así operar en igualdad de condiciones.
Otra propuesta incluida en el proyecto es la creación de una agencia de cooperación entre reguladores, compuesta por los órganos supervisores nacionales, y cuyas decisiones puedan convertirse en ley europea, una posibilidad novedosa.
El estatus jurídico de este organismo no está todavía definido.
Piebalgs también dará un impulso a la cooperación entre redes de transmisión, una medida contra los apagones, así como a la creación de un mercado minorista de energía.
Con todas estas medidas la Comisión pretende favorecer al consumidor, fomentar las inversiones, impulsar la eficiencia energética y mejorar los planes de emisiones de materiales contaminantes. EFECOM
met/mdo
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