México, 21 ago (EFECOM).- El gobierno federal mexicano lamenta la muerte de un minero durante los enfrentamiento derivados de la huelga del sector, y aclara que corresponde a las autoridades locales investigarlo, informó hoy la Secretaría de Trabajo.
La comunicación es una carta del secretario (ministro) de Trabajo, Javier Lozano, que responde a la misiva del sindicato minero estadounidense y canadiense United Steelworkers (USW), relativa al conflicto sectorial.
"El gobierno mexicano lamenta y condena la muerte del señor Reynaldo Hernández González (...) durante el enfrentamiento entre trabajadores y ex trabajadores mineros", dice Lozano en el documento.
El trabajador falleció el pasado 11 de agosto, en Nacozari (Sonora, norte), al parecer durante un altercado entre mineros y personal de la empresa Grupo México, en la instalación de La Caridad.
El Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros Metalúrgicos de México (SNTMM) acusó de la muerte de Hernández a la compañía concesionaria, mientras que ésta se deslindó del suceso.
El esclarecimiento en este asunto "compete a las autoridades locales en el estado de Sonora -y no al gobierno federal", dice la carta del secretario de Trabajo.
El USW afirmó en su misiva que pedirá al congreso de Estados Unidos parar ayudas económicas o de seguridad a México si no cesa la "interferencia" de Grupo México en el conflicto sectorial y no se juzga a su propietario, a quien el sindicato considera culpable de desastres mineros en el país.
La unión anglo canadiense pidió también que se retiren las concesiones de explotaciones mineras a la compañía, ante lo que el gobierno mexicano responde que los motivos de cancelación están estipulados en la Ley Minera, y adjunta las cláusulas al efecto.
El Ejecutivo también se deslinda de la huelga que viven tres instalaciones mineras de Grupo México, que afecta a 3.000 trabajadores.
Asimismo, Lozano dicta en su carta que las órdenes de aprehensión contra el secretario general del sindicato minero mexicano, Napoleón Gómez Urrutia, huido a Canadá, corresponden a las autoridades de los estados donde se dictaron.
Sobre Gómez Urrutia, que lleva más de un año fuera de México, pesa la acusación de haberse apropiado de un fondo para trabajadores mineros de 55 millones de dólares. EFECOM
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