Marcos Lamelas
Barcelona, 12 ago (EFECOM).- El 2007 comenzó de manera literal con el hundimiento el 1 de enero de todo el muelle Prat, la parte más emblemática de la ampliación del Puerto de Barcelona, que arrastró toneladas de hormigón a lo largo de más de medio kilómetro de lo que iba a ser la nueva terminal de contenedores.
Era el inicio de un año negro para las infraestructuras catalanas.
Pero si el accidente del puerto pasó en día festivo, no causó víctimas y tuvo una escasa repercusión mediática pese a que la reconstrucción supondrá un sobrecoste de 76 millones, los hechos posteriores han venido a poner las infraestructuras en el primer plano de la actualidad, ante la evidencia de que Cataluña no funciona ni por tierra, ni por mar ni por aire.
Atascos sin precedentes en la AP-7, apagón de tres días en Barcelona, y la incapacidad de Renfe de ofrecer un servicio de cercanías en Barcelona mínimamente digno al mismo tiempo que se hacen las obras del AVE han ido dando la sensación de que no sólo el Muelle Prat, sino Barcelona entera, iba a ser sumergida por las aguas.
Tanto que la clase política ha tenido que interrumpir sus vacaciones para debatir sobre una situación que la ciudadanía está sobrellevando con un talante a caballo entre la manifestación espontánea y la resignación de Job.
Mañana comparecerán en el Parlament de Cataluña los consellers de Economía y Energía, Antoni Castells, y de Obras Públicas, Joaquim Nadal, para explicar la situación.
Esa misma tarde, también en la cámara catalana, el presidente de Red Eléctrica de España, Luis Atienza; y el de Endesa, Manuel Pizarro, éste último compareciendo a petición propia, harán lo mismo sobre el apagón.
La presencia de Pizarro, que acostumbra a ganar todas las batallas que da en Cataluña, ha incomodado notablemente a los políticos catalanes, ya que previsiblemente el presidente de Endesa cargará contra una reglamentación política que ha retrasado el 40 por ciento de los 400 millones de euros que Endesa iba a invertir en Cataluña.
De las 39 subestaciones que Endesa iba a construir para reforzar su red catalana, hay 13 en las que no se ha puesto ni una primera piedra a causa de diversas trabas administrativas, la mayoría municipales, pero también de la Generalitat.
Pero no sólo la luz sino también los trenes serán objeto de debate, ya que cercanías ha sufrido dos días de múltiples retrasos, lo que obligó a la ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, a dejar sus vacaciones esta semana para llevar a cabo una enésima visita a las obras y pedir paciencia a la ciudadanía.
Precisamente, el próximo martes Magdalena Álvarez tendrá que comparecer en el Congreso en un momento en que diversos grupos políticos -PP, CiU y ERC- están pidiendo su dimisión.
La tormenta política ya había estado anunciada por una clase empresarial catalana que lleva años reclamando más inversión en infraestructuras en Cataluña y más decisión política en su ejecución.
Los empresarios catalanes habían hecho del aeropuerto de Barcelona y de la descentralización de su gestión un caballo de batalla y convocaron el pasado mes de marzo un gran acto académico en el que solicitaron, sin fortuna, que la clase política se aplicara en el cambio de modelo de Aena.
Pero ni para el PP ni para el PSOE la reforma de Aena es prioritaria ya que después de todo, y en comparación con, por ejemplo, Renfe Cercanías en Barcelona, los aeropuertos funcionan razonablemente bien.
Todo apunta a que se cederá a la Generalitat la gestión de Cercanías, al fin y al cabo una patata caliente, mientras que El Prat seguirá dependiendo de Aena.
Una solución que difícilmente contentará a nadie y que hace augurar próximos meses de agosto con trabajo extra para la clase política. EFECOM.
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