
Nuevo varapalo judicial contra Jaume Roures. Después de que el pasado 31 de mayo, el magistrado Guillermo Arias Boo, titular del juzgado de primera instancia número 32 de Barcelona, diera la razón punto por punto a elEconomista y sentenciara que su empresa, Mediapro, recibe un trato de favor injustificado por parte de RTVE, otro tribunal, el número 10 de Barcelona, vuelve a dar la razón a este periódico, dando una lección al empresario catalán de medios de comunicación sobre la libertad de expresión.
Roures presentó una demanda de rectificación contra elEconomista por un artículo de opinión firmado por su director, Amador G. Ayora, bajo el título Por quién doblan las campanas. Mediapro intentó rectificar estas opiniones, reclamando que se le diera el mismo espacio. Pero el tribunal es contundente. En una sentencia dictada el pasado 17 de junio, la magistrada María José Ortega, desestima íntegramente su demanda, obligándole a pagar las costas, y asegurando que "sólo procede rectificar hechos, no opiniones".
La juez le recuerda a Roures que esto es así "en coherencia con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Española, precepto que establece como derechos fundamentales los que se tienen para expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción".
Y por si el socio de referencia de Mediapro tuviera alguna duda insiste además en que "en el caso de autos es incuestionable que la protección que se interesa no puede prosperar toda vez que estamos ante un clarísimo artículo de opinión del Director de la publicación (su mero titular, su ubicación y su contenido son prueba de ello), artículo con el que, evidentemente, la actora puede no estar conforme, pero que derecho alguno tiene a rectificar".
Un protegido de Zapatero
En su artículo, el director de elEconomista daba su opinión sobre las estrechas relaciones entre Mediapro y el Gobierno. "El instinto protector de Zapatero hacia sí mismo le condujo, por ejemplo, a pedir al primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, en la última cumbre bilateral, que echara una mano a Jaume Roures. Berlusconi estaba dispuesto a entrar en La Sexta, como puede que haga Antena 3 próximamente. Mucho antes, Roures había intentado sin mucho éxito, por la vía de Javier de Paz, que fuera Telefónica quien le ayudara", se decía en el artículo.
Amador G. Ayora explicaba, además, que los principales asesores del presidente, junto con Cándido Méndez, de UGT, y Javier de Paz, consejero de Telefónica, son Antonio García Ferreras y José Miguel Contreras, director y consejero delegado, respectivamente, de La Sexta, la cadena de televisión participada mayoritariamente por Mediapro.
"Al jefe de Mediapro no le deben de salir las cuentas, cuando hasta el presidente del Gobierno español tiene que hacer de embajador para sacarle las castañas del fuego. Los mexicanos de Televisa han dicho hasta aquí hemos llegado, y el resto de socios minoritarios, como Juan Abelló, están que trinan. La situación de Roures es desesperada, al borde de un ataque de nervios", concluía el artículo.
Al borde del abismo
Y los hechos han terminado por confirmarlo. Después de que se publicara este artículo, Mediapro, que se encuentra en una situación financiera dramática, se ha visto obligada a entrar en concurso de acreedores. Y lo peor es que, a la espera de lo que suceda con este proceso -lo que impide la ejecución inmediata de la sentencia-, un tribunal de Madrid le ha ordenado devolver los derechos del fútbol a Sogecable, embargando asimismo sus cuentas corrientes y sus participaciones en numerosas empresas, incluidas algunas de sus productoras, La Sexta y Gol TV.
La cercanía de Roures al Gobierno en estos momentos de máxima incertidumbre ha quedado además acreditada después de la primera victoria judicial de elEconomista en la batalla legal que ha emprendido para intentar callar a los que le critican.
El juez Guillermo Arias Boo ha sentenciado que "tal y como aparece en el reportaje que es objeto de discusión, las empresas del grupo Mediapro tienen una participación importante tanto en términos cuantitativos como cualitativos en la producción de programas que emite la televisión pública, lo que comporta, además de un beneficio para aquélla, un gasto importante para el erario público que, en algunos casos, es de todo punto injustificable".
Falsos desmentidos
Frente a los falsos desmentidos de Jaume Roures y, tal y como denunciaban los sindicatos, este periódico aportó en el tribunal las pruebas que demuestran que Mediapro y otras compañías de su grupo han prestado servicios de producción en programas como España Directo, Comando Actualidad, Águila Roja o 59 segundos, entre otros muchos. Esta sentencia ha provocado que los sindicatos hayan presentado una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción y que el Partido Popular haya preguntado al respecto en el Senado al presidente de RTVE, Alberto Oliart, que reconoció que se contrata a Roures desde el Gobierno de Aznar.
Pero aún así, en una reciente comparecencia pública, el empresario catalán sigue insistiendo en que "todo es falso y sólo hacemos un par de cosas para Televisión Española". Roures insistió en que hay grupos de comunicación, con Prisa a la cabeza, que pretenden destruirle, criticando además a los sindicatos, a los que encasilló en la extrema derecha. Y eso, pese a que los más críticos son organizaciones como UGT o Comisiones Obreras.
De hecho, el comité de empresa de la corporación pública ha criticado de forma unánime las numerosas adjudicaciones que el empresario está recibiendo, mientras que la plantilla de RTVE, según denuncia, "está con los brazos cruzados".
Tal y como publicó elEconomista el pasado 28 de junio, la televisión pública ha acelerado además las contrataciones. Empresas directamente vinculadas con el grupo Mediapro, antiguamente participadas o que, casualmente, han tenido el mismo administrador, han obtenido, en los últimos tres meses, la friolera de casi 4 millones de euros.