Madrid, 29 may (EFECOM).- El Defensor del Pueblo considera de "crucial importancia" que los precios de la vivienda se contengan, "acompasando su incremento con el nivel de renta y capacidad de pago de los particulares", e insta al legislador a que preste "una atención preferente" a este asunto.
En su informe anual correspondiente a 2006, entregado hoy al Congreso de los Diputados, el Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, señala, sin embargo, que "una reducción de los precios de la vivienda podría tener un impacto muy negativo en una economía como la nuestra, al afectar a sectores vitales de nuestro crecimiento".
Múgica reclama a los legisladores que adopten medidas de contención de los precios que se dirijan, "de manera fundamental", a incrementar la promoción de viviendas con algún tipo de protección, ya sea en régimen de alquiler o de propiedad, y a fomentar el alquiler como forma de acceso a la vivienda alternativa a la compra.
En su informe, el Defensor del Pueblo afirma que el incremento del precio de los inmuebles registrado en los últimos años ha producido una concentración de la riqueza de las familias en vivienda y que los hogares hayan reducido su tasa de ahorro y aumentado sus niveles de endeudamiento.
El texto señala que esto coloca "a la economía en situación de mayor vulnerabilidad ante posibles cambios de actividad y de los precios de la vivienda".
El Defensor del Pueblo indica, sin embargo, que el Plan Estatal 2005-2008 y la Ley de Medidas de Prevención del Fraude Fiscal harán "menos atractivas en el futuro prácticas del sector inmobiliario de carácter meramente especulativo", y reconoce la labor realizada desde los poderes públicos, "especialmente del poder judicial", para reprimir los casos de corrupción.
En cuanto a la protección de los compradores de vivienda libre de nueva construcción, Múgica reitera la necesidad de que se establezca mediante Real Decreto la obligatoriedad de suscribir las garantías previstas en la Ley de Ordenación de la Edificación, referidas a los defectos de ejecución de acabados y elementos constructivos.
A este respecto, el informe "aplaude" la aprobación en 2006 del Código Técnico de Edificación, que fija las exigencias básicas de calidad de los edificios y sus instalaciones.
Múgica aborda también en el informe el caso del "mobbing" inmobiliario, acoso sufrido por algunos inquilinos de renta antigua para que abandonen sus casas.
Así, señala que el "fin habitual" de la adquisición de fincas en su conjunto es la destrucción de los contratos de arrendamiento, ya sea ofreciendo las distintas viviendas a un precio superior al que se ha pagado por ellas, "ejerciendo la suficiente presión sobre ellos (los arrendatarios) hasta que cesen de manera voluntaria en sus contratos" o no asumiendo la conservación del edificio.
El informe hace referencia a la eliminación de la barreras arquitectónicas, asunto en el que "todavía queda camino que recorrer, siendo necesaria una mayor coordinación entre las diferentes administraciones públicas" para que las personas que padecen algún tipo de discapacidad puedan integrarse totalmente en la sociedad. EFECOM
pdj/jlm
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