Maite González
Madrid, 13 may (EFECOM).- La industria farmacéutica mantiene un conflicto en algunos países en vías de desarrollo y sin capacidad para pagar el precio de las medicinas más innovadoras, en el que el sector responde que hay que asegurar los derechos de las patentes.
Este asunto cobró actualidad hace unos días, tras la decisión del Gobierno brasileño de Luiz Inacio Lula da Silva de suspender la patente de un fármaco para el sida de la multinacional farmacéutica Merck y de importar un genérico de la India, un país convertido en el mayor exportador de genéricos del mundo.
Días después el ex presidente de EEUU Bill Clinton llegó a un acuerdo con varias empresas farmacéuticas para que 66 países en vías de desarrollo puedan tener 16 medicamentos para el sida a precios reducidos.
La Fundación Clinton alcanzó este acuerdo gracias a la colaboración del Fondo de Naciones Unidas para la Compra de Medicamentos (UNITAID), que pretende facilitar el acceso de los países pobres a tratamientos más baratos para luchar contra el sida, la malaria y la tuberculosis.
Además de contar con apoyos como esta Fundación y las aportaciones de algunos países y organizaciones, la financiación de los fármacos se alcanzará también en parte con la propuesta lanzada por Francia y seguida por 17 países de establecer una tasa de un dólar en los pasajes de vuelos internacionales.
La industria farmacéutica no deja de repetir que la pobreza en el mundo no se resuelve con medicinas baratas y que los problemas sanitarios de los países menos desarrollados del mundo dependen más de la falta de infraestructuras sanitarias que de los genéricos.
El presidente de la patronal de la industria de los laboratorios farmacéuticos de España, Farmaindustria, Antoni Esteve, declaró en rueda de prensa que es un error acusar a este sector de ser corresponsable de la pobreza en el mundo.
A su juicio si no existiera una legislación en materia de patentes que protegiera los derechos de la industria no habría innovación ni investigación en fármacos, ni para los países pobres ni para los ricos.
Enfermedades como el sida, en la que el desarrollo de nuevos antirretrovirales más potentes y eficaces han ayudado a luchar contra el virus y sus resistencias, constituyen un ejemplo de la dura carrera de la investigación para hacer frente a la enfermedad.
Pero los nuevos fármacos contra el VIH salen al mercado a precios hasta diez veces más caros que los de primera generación, un precio inalcanzable para los millones de personas que están afectados por virus resistentes del sida en los países menos desarrollados.
El acceso a los medicamentos en el mundo en desarrollo es un problema complejo y una batalla que puede parecer que tiene intereses antagónicos, en la que la industria defiende que sólo se puede abordar con la colaboración de todos para acabar con el creciente e injusto desfase que suponen las desigualdades económicas en el mundo.
El sector farmacéutico insiste en que el rechazo a las patentes perjudicaría a todos y dice que sólo se puede investigar si se garantiza el que se obtengan beneficios en los que se asegure que se recupera el enorme esfuerzo de la inversión.
La investigación biomédica es un proceso largo y caro que como media dura el menos 10 o 12 años y que en muchos casos acaba por ser infructuosa, porque sólo una de cada 20.000 moléculas que comienzan a ser estudiadas acaba por ser comercializada, y se calcula además que es necesaria una inversión de al menos 800 millones de euros hasta su puesta final en el mercado.
Para la industria, la leyes de la propiedad intelectual y de las patentes permiten salvar muchas vidas porque se garantiza la investigación constante, única forma de garantizar avances en la lucha contra la enfermedad.
En España, Farmaindustria mantiene su particular contencioso por las patentes, en este caso por su petición de que se homologuen con el resto de Europa, lo que retrasaría la llegada de los genéricos.
En caso de que se acepte, al igual que en Europa, la ampliación del periodo de protección de la patente, una veintena de laboratorios ofrecen al Gobierno como contrapartida destinar 300 millones de euros durante los próximos cinco años para la investigación de enfermedades raras, patologías que no son rentables para la industria y en las que apenas existe innovación. EFECOM
mgm/txr
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