El consejero de Economía amenaza con suspender al consejo de la burgalesa si se une a Banca Cívica. Fernández Ordóñez no descarta tomar medidas ante los obstáculos de la Junta a la integración.
Frente a frente. De un lado, el consejero de Economía, Tomás Villanueva, que ha mostrado su disposición a vetar la integración de Caja Burgos en Banca Cívica. Del otro lado, el Banco de España, que no descarta tomar medidas si la Consejería ejerce su derecho de veto. Y en medio, la entidad burgalesa, que prefirió aplazar el consejo de administración para su integración con Caja Navarra y Caja Canarias a la espera de que se templen los ánimos.
Según aseguran fuentes conocedoras de la situación, el grado de enfrentamiento entre la Consejería de Economía y el Banco de España está en su punto álgido tras la amenaza de Villanueva de revocar al consejo que apruebe la unión a Banca Cívica. Esas mismas fuentes aseguran que durante los últimos días ha habido un intenso cruce de llamadas telefónicas entre el consejero autonómico y el Banco de España, quien llegó a plantear la adopción de medidas drásticas ante el órdago de Tomás Villanueva.
Y es que el artículo 97 de la ley de cajas de Castilla y León faculta a Villanueva a la "suspensión en el ejercicio del cargo por plazo no superior a tres años" a los miembros del consejo de administración que no atiendan a determinados requerimientos de la Consejería.
Ante el enconamiento de las posturas, el presidente de Caja Burgos, José María Arribas, prefirió desconvocar el jueves el consejo de administración, a la espera del resultado de una reunión que mantendrán -sin fecha definida, aunque podría producirse este mismo lunes- a la que está previsto que acudan el subgobernador del Banco de España, Javier Aríztegui, el consejero autonómico y el presidente de la entidad burgalesa.
Hay que recordar que la Consejería de Economía de Castilla y León aprobó, por la vía de urgencia, en las Cortes regionales una reforma de la Ley de Cajas por la que se arroga el derecho de veto sobre los Sistemas Institucionales de Protección (SIP). Precisamente, ésa es la fórmula elegida por Caja Navarra y Caja Canarias para materializar una integración, a la que este jueves tenía previsto unirse la entidad burgalesa y a la que la Consejería de Economía se opone.
Las fuentes consultadas por este periódico sostienen que detrás de la actuación de la Consejería se esconde la idea de retomar el proyecto de integración de Caja Burgos en la unión de Caja Duero y España para formar una gran alianza castellana que diese volumen a la nueva entidad y capacidad para optar a los recursos en el Fondo de Reestructuración Bancaria (Frob).
Sin embargo, ésa es una posibilidad que contaría con la oposición frontal de todo el consejo de la entidad burgalesa. Con lo que la alternativa que manejaría ahora Tomás Villanueva sería la de consentir la entrada de Caja Burgos en Banca Cívica si va acompañada de Segovia y Ávila. Pero esta posibilidad también chocaría con los consejos de administración de esas dos cajas, que centran sus prioridades en una integración con Caja Madrid. Operación con la que la Consejería de Economía castellanoleonesa no se mostraría tan renuente.
No obstante, la próxima semana está prevista una reunión entre la Junta y Caja Burgos, Duero y España para sondear la posible integración de la tres en Banca Cívica. Fuentes conocedoras de los contactos previos aseguran que el presidente de la entidad burgalesa, José María Arribas, ya se ha reunido en cuatro ocasiones con sus homólogos de Caja Segovia y Ávila encontrándose con la negativa a participar en esa operación en cada una de esas ocasiones.
A día de hoy, la situación sufre un fuerte bloqueo, ya que los representantes del PP en la caja aún no se han manifestado, aunque se da por hecho que votarán en línea con lo que dicte el PP regional, que es el que sustenta al Gobierno autonómico.
'Patata caliente' para Rajoy
Entretanto, la decisión de la Junta pone otra patata caliente en manos del presidente del PP, Mariano Rajoy, que se encuentra con otra comunidad autónoma que modifica la ley de cajas para no perder su completa tutela sobre estas entidades. La Xunta de Galicia, también gobernada por el PP, fue la primera en plantear esta situación y fue el Gobierno central el que llevó su ley de cajas al Constitucional que, este mismo jueves, dejaba en suspenso ese texto legal. Ambas comunidades son las que plantean los mayores problemas a los procesos de integración abiertos.
Mientras tanto, el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, se planteaba ayer un ultimátum, al fijar el plazo de la próxima semana para alcanzar un acuerdo "definitivo". Herrera aseguró ayer que ha reservado toda su agenda para ese fin y sentenció que "la próxima semana tiene que ser definitiva, de compromisos, de trabajo y de reuniones intensas".
