Madrid, 30 mar (EFECOM).- España destinará 15.800 millones de euros al programa de desarrollo rural para el periodo comprendido entre 2007 y 2013, el 12 por ciento más que en el periodo anterior, según informó hoy la ministra de Agricultura, Elena Espinosa, al Consejo de Ministros.
Este importante aumento se ha conseguido, pese a que la Unión Europea redujo el volumen de ayudas destinadas a España a 7.214 millones de euros, gracias al esfuerzo presupuestario del Estado y de las Comunidades Autónomas.
Así, la aportación de la Administración General del Estado para el conjunto de la programación ascenderá a 3.162 millones de euros, un 40,15 por ciento más que la aportación realizada en el periodo 2000-2006, mientras que las Comunidades Autónomas aportarán en su conjunto 5.424 millones.
Con estos fondos se financiarán las medidas recogidas en el Marco Nacional de Desarrollo Rural, documento continuación del Plan Estratégico de Desarrollo Rural, en el que se concreta y cuantifican las prioridades de España en materia de desarrollo rural para el nuevo período de programación comunitaria 2007-2013.
El Marco incluye las medidas horizontales, es decir, aquellas que se aplican en todas las Comunidades Autónomas, y que se dirigen a la mejora de la competitividad de las explotaciones agrarias y de las industrias agroalimentarias y a los aspectos ambientales incluidos en el nuevo reglamento de desarrollo rural.
Entre estas actuaciones para la mejora de la competitividad se encuentra la gestión de los recursos hídricos, las infraestructuras rurales, el aumento del valor añadido de las producciones agrarias y forestales, la incorporación de jóvenes agricultores y la implantación y utilización de los servicios de asesoramiento.
Entre las actuaciones dirigidas al medio ambiente, se encuentran medidas para la prevención de incendios forestales y la conservación de la red Natura 2000 en los espacios forestales.
La gestión de los recursos hídricos está enfocada, exclusivamente al ahorro de agua, y con ellas se prevé un ahorro anual de unos 1.800 hectómetros cúbicos, financiándose actuaciones únicamente en la modernización de regadíos ya existentes.
En las Comunidades Autónomas en las que no hay sistemas de riego, será obligatoria la aplicación de la medida horizontal de Otras Infraestructuras Rurales, que será opcional para las Comunidades en las que sí hay sistemas de riego.
Estas actuaciones contará con un gasto público para el conjunto del período a 1.382 millones de euros.
La medida de aumento del valor añadido, dirigida a las industrias y cooperativas agroalimentarias tiene como objetivo principal la modernización del sector agroindustrial español y supondrá una inversión pública de 2.509 millones de euros.
La incorporación de jóvenes, para la que se prevé un gasto de 788 millones de euros, para evitar el envejecimiento de la población rural se flexibilizará, aunque dará prioridad a los agricultores que se instalen en explotaciones consideradas prioritarias con una ayuda máxima de 55.000 euros por explotación.
Las ayudas para implantar y utilizar los servicios de asesoramiento a los agricultores y ganaderos para el cumplimiento de la condicionalidad de la PAC, enmarcadas en un amplio objetivo de mejora del capital humano, supondrán una inversión de 246 millones de euros.
Las dos líneas horizontales de carácter ambiental, de gran importancia en las áreas forestales españolas, fundamentalmente en las zonas declaradas de alto riesgo de incendios y en las superficies forestales incluidas en la Red Natura 2000, supondrán un gasto público de 744 millones de euros.
La puesta en marcha del resto de las medidas, no incluidas en el Marco, será decisión de las Comunidades Autónomas que, a través de sus programas de desarrollo rural, serán las encargadas de gestionar, tanto las medidas horizontales del Marco Nacional, como aquellas de carácter regional.
Además, a través de los elementos comunes se abre la posibilidad a las CCAA de poner en marcha el Contrato Territorial de Explotación para gestionar las medidas de los Programas de Desarrollo Rural, es decir, una relación contractual entre los agricultores o entidades asociativas que voluntariamente así lo decidan, y la administración.
También, en el marco de los elementos comunes, se introducen requisitos a tener en cuenta en algunas medidas de gran importancia ambiental y socioeconómica en el medio rural español; las ayudas para las explotaciones agrarias en Natura 2000, las ayudas para compensar dificultades naturales y las ayudas a la producción ecológica.
El Marco también introduce un conjunto de elementos comunes a todos los programas de desarrollo rural para la puesta en marcha del enfoque LEADER que se aplicará en todas las Comunidades Autónomas, como mínimo para gestionar un 10% de los fondos FEADER de cada uno de los programas.
En estos elementos, se destaca la importancia del enfoque LEADER y el papel de los Grupos de Acción Local, estableciéndose criterios comunes para la selección de los Grupos y para los programas de desarrollo comarcal que éstos deben presentar. EFECOM
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