La Paz, 28 mar (EFECOM).- El Senado de Bolivia, controlado por la oposición, apoyará la ratificación de los contratos firmados en octubre pasado con doce multinacionales para que entren en vigor cuanto antes, pero denunciará los errores y supuestos delitos hallados en su tramitación.
Así lo señaló hoy a Efe el senador Fernando Rodríguez, de la alianza conservadora Poder Democrático y Social (Podemos), que integra la comisión de la cámara alta encargada de investigar el escándalo en torno a la aprobación legislativa de los 44 convenios suscritos entre el gobierno socialista de Evo Morales y las compañías extranjeras.
Durante casi dos semanas han comparecido en el Senado autoridades y ex funcionarios del sector de hidrocarburos, además de directivos de las compañías, entre las que figuran la brasileña Petrobras, la hispano-argentina Repsol YPF y la franco-belga TotalFinaElf.
Según Rodríguez, "mañana o el viernes" la comisión emitirá su informe al respecto, que dará "luz verde" a los acuerdos y, al mismo tiempo, recalcará los "graves errores de procedimiento" y los indicios de posibles delitos en su tramitación.
Hoy, miembros del directorio de la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) ratificaron lo dicho la semana pasada por el senador opositor Luis Vázquez, al afirmar que aprobaron en su día un único modelo de contrato, no los 44, lo que significa que los convenios "técnicamente" no son válidos.
El lunes pasado, el presidente de la filial de Petrobras, José Fernando De Freitas, confirmó que los anexos del acuerdo entre esta empresa y el gobierno boliviano fueron renegociados, días después de haber sido firmados, con Manuel Morales Olivera, que entonces era sólo asesor de YPFB.
Tanto Freitas como el español Luis García Sánchez, presidente de Repsol YPF en Bolivia, criticaron la prolongación del pago de un impuesto especial del 32 por ciento fijado por el gobierno en la nacionalización de los hidrocarburos, en mayo del año pasado.
Las multinacionales debían pagar ese impuesto hasta octubre pasado pero, debido al retraso en la entrada en vigor de los contratos, el Gobierno extendió hasta este mes su cobro mediante una resolución, contra la que Petrobras ha presentado un recurso administrativo apoyada por Repsol.
Con el impuesto se eleva al 82 por ciento el total de los tributos que Petrobras, Repsol y la franco-belga Total abonan al Estado boliviano y hace inviables futuras inversiones, según Sánchez.
Hoy, tras tomar juramento a su nuevo ministro de Minería, el presidente Evo Morales acusó a los senadores de la oposición de "perder el tiempo en debates falsos" y de "buscarle tres pies al gato" porque, aseguró, "jamás van a encontrar ningún acto de corrupción (en la tramitación) de los contratos".
Sin embargo, el ex ministro de Hidrocarburos Andrés Soliz Rada, uno de los principales artífices de la nacionalización junto a Morales, sostuvo que los convenios son "tremendamente perjudiciales" para el país y, por ello, abogó por renegociar con las petroleras.
También se debatió ampliamente en casi todas las sesiones celebradas sobre los beneficios que obtendrá el Estado boliviano con los nuevos convenios.
Según los datos aportados por las compañías, los ingresos oscilarán a partir de 2014 entre el 100 por ciento de las ganancias del campo "San Antonio", operado por Petrobras, y el 70 por ciento de las generadas en el "Margarita", participado por Repsol YPF. EFECOM
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