La Paz, 26 mar (EFECOM).- El ex ministro boliviano Hidrocarburos Andrés Soliz aseguró hoy que los 44 contratos firmados por el gobierno de Evo Morales con doce petroleras en octubre pasado son "tremendamente perjudiciales", y que el decreto de nacionalización de mayo ha sido "desvirtuado".
Según Soliz, por esa razón el gobierno solicita al Senado una sesión reservada para explicar cómo se repartirán los ingresos entre el Estado y las petroleras, y no porque la fórmula de cálculo que se aplicará tenga propiedad intelectual, como explicaron funcionarios la semana pasada.
El Senado, una comisión de la Cámara de Diputados y la Fiscalía General investigan los graves errores -algunos opositores mencionan incluso "delitos"- cometidos por subalternos de Morales en la tramitación parlamentaria de los 44 contratos, que no han podido entrar en vigor cinco meses después de firmados.
Soliz fue uno de los protagonistas de la nacionalización que dictó Morales en mayo de 2006, pero renunció en septiembre debido a que fue desautorizado cuando tomó medidas que afectaban a las refinerías de la brasileña Petrobras.
En declaraciones al canal de televisión ATB, el ex ministro afirmó que Morales quiere una sesión secreta del Senado porque "los contratos son tremendamente perjudiciales para el país y realmente hay un temor ante la opinión pública de aclarar las cosas".
Agregó que los contratos nuevos, en los que las multinacionales aparecen como operadoras de la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), se transforman en sus anexos en "contratos de producción compartida" que dan parte de la propiedad del gas y el petróleo a firmas como Petrobras, la hispano-argentina Repsol YPF, British Gas y la francesa Total.
De esa forma, explicó Soliz, las compañías pueden anotar como suyas esa producción y parte de las reservas de hidrocarburos de Bolivia en las bolsas de valores en el mundo.
El actual ministro de Hidrocarburos, Carlos Villegas, anunció la semana pasada que las empresas que anoten como suyas esas reservas en los mercados bursátiles serán expulsadas del país.
Sin embargo, según Soliz, a pesar del rechazo del gobierno a esa posibilidad, Petrobras ya ha informado "que ha conseguido en Bolivia la anotación de las reservas".
A juicio del ex ministro, esos cambios en los convenios de octubre demuestran que el decreto de nacionalización "ha quedado totalmente desvirtuado".
Antes de ser cesado el viernes, el entonces presidente de YPFB, Manuel Morales Olivera, afirmó que la sesión secreta del Senado era necesaria porque la fórmula usada para el reparto de ingresos es propiedad intelectual de una compañía y contiene información que no puede ser revelada a terceros en sesiones públicas.
"Si es una cosa tan valiosa, ¿por qué no la patentan? Con la patente, cada vez que alguien usa la fórmula, se cobra", comentó el ex ministro Soliz.
A su juicio, "es absolutamente inconcebible" que la fórmula que permitirá a Bolivia definir sus ingresos en los próximos 30 años sea reservada.
Morales Olivera fue reemplazado a última hora del viernes por Guillermo Aruquipa, cuarto presidente de YPFB en los once meses que lleva la nacionalización.
Los bandazos en la nacionalización, que para algunos analistas es una simple reforma tributaria petrolera, han causado en menos de un año la renuncia o el cese de tres presidentes de YPFB, el ministro Soliz, tres viceministros y tres superintendentes de hidrocarburos, por escándalos o por disputas internas del gobierno. EFECOM
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