Madrid, 13 mar (EFECOM).- El accionista del Corte Inglés César Carlos Areces Fuentes mantuvo hoy su petición de que la compañía sea condenada a pagarle 98 millones de euros por el 0,67 por ciento del capital que posee, frente a los 35 millones que, según fuentes jurídicas, en su día le ofreció el grupo presidido por Isidoro Alvarez.
En la segunda y última sesión del juicio que se sigue en el Juzgado de lo Mercantil de Madrid, que hoy quedó visto para sentencia, los letrados de Areces Fuentes, al que se le han unido en la demanda sus tres hermanos, pidió que, en caso de que esta petición sea desestimada, el Registro Mercantil nombre a un auditor para que valore la compañía.
Los abogados del demandante sostienen que los órganos de gobierno del Corte Inglés incumplieron los estatutos de la firma en lo que respecta a la restricción de la libre transmisibilidad de las acciones y a cómo deben ser valoradas cuando el que las vende es un accionista que las heredó y no un directivo que las adquirió a un precio "pactado" de recompra.
Los letrados de la compañía mantuvieron la legalidad de los acuerdos adoptados en su día por el Consejo de Administración, que fue quien nombró al auditor que valoró a la compañía, y la Junta General de Administración, que posteriormente ratificó este acuerdo en agosto de 2005, seis meses después de que Areces hiciera su primer requerimiento.
Defendieron que, en contra de lo que sostiene César Carlos Areces, el consejo de administración sí es competente para nombrar a un auditor independiente que valore la compañía y apuntaron que la Junta no tenía que dar el visto bueno antes porque anualmente autoriza al consejo a recomprar acciones propias.
Añadieron que mientras que la oferta del Corte Inglés se basa en el informe de un auditor "experimentado", la aportada por los demandantes ha sido realizada por "dos economistas" que han basado sus cálculos en una "idea" de lo que puede ser el Corte Inglés y no en lo que es en realidad.
El auditor nombrado por el Consejo de Administrador del Corte Inglés, Leandro Cañibano, valoró en 5.500 millones de euros a la empresa de Isidoro Alvarez basándose en el valor neto del activo real del grupo.
Por su parte, los peritos de los demandantes, José Manuel Campa y Pablo Fernández, usaron el método del descuento de flujos e incluyeron plusvalías por revalorización de bienes inmuebles o futuros dividendos y sostienen que vale más de 14.000 millones.
Así, los activos inmobiliarios para unos valen 2.500 millones de euros mientras que para otros superan 12.000 millones de euros, en tanto que la "imagen de la marca", a juicio de El Corte Inglés, no vale nada "suelta" y para los peritos de los demandantes puede suponer más de 1.760 millones de euros.
La disputa jurídica se centra en el artículo 17 de los Estatutos que fue modificado en la última Junta General de Accionistas -cuyos acuerdos han sido impugnados- y que se refiere a quién ha de fijar el precio de la compañía en caso de disputa y a la limitación del traspaso de acciones.
Según los demandantes, es la primera vez que un accionista pone el marcha el procedimiento previsto en este artículo para poder vender "libremente" su participación y no al precio "pactado" al que cada año vende la compañía sus títulos entre sus directivos.
Los letrados de Areces Fuentes sostienen que anualmente el Corte Inglés vende a los altos cargos de la firma acciones a un precio basado en el valor teórico contable de la compañía, menos un 20 por ciento, con el acuerdo de volver a comprárselos cuando se jubilen al que entonces sea el valor teórico.
En su opinión, este pacto de recompra no puede ser aplicado en el caso de Areces Fuentes y sus hermanos, que heredaron los títulos de su padre -sobrino de uno de los fundadores de la firma-, mientras que los letrados de El Corte Inglés aseguraron que en ningún momento se les ha sometido a este pacto y que, precisamente por eso, se nombró a un auditor independiente para valorar los títulos.EFECOM
atm/jj
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