Bruselas, 7 mar (EFECOM).- La Comisión Europea aseguró hoy que la irrupción de Enel en la pugna por Endesa es "totalmente irrelevante" en el procedimiento contra España por las medidas impuestas a la opa de E.ON y no ha condicionado la decisión de Bruselas de darle un plazo de sólo siete días para retirar esos requisitos.
El portavoz de Competencia del ejecutivo comunitario, Jonathan Todd, recalcó que la Comisión "es completamente neutral" sobre quién toma el control de Endesa y sólo trata de evitar que las autoridades impongan "restricciones artificiales" a alguna operación.
Todd hizo estos comentarios, en rueda de prensa, tras conocerse que Bruselas ha enviado a España un "dictamen motivado" -el segundo paso del procedimiento de infracción comunitario- por vulnerar la normativa europea de fusiones al imponer requisitos "ilegales" a la opa de E.ON sobre Endesa.
La Comisión ha dado a España siete días laborables para informar de las medidas tomadas para retirar las citadas condiciones y le ha advertido de que, si no lo hace, podrá denunciarle ante el Tribunal de Justicia de la UE.
Este plazo terminará el próximo 16 de marzo. Habitualmente, la Comisión da a los países dos meses para responder a sus dictámenes motivados.
El portavoz insistió en que el hecho de que la italiana Enel adquiera parte del capital de Endesa -lo que dificulta considerablemente el éxito de la opa de E.ON- es "totalmente irrelevante" en este procedimiento y también en el plazo dado a Madrid.
Según Todd, la brevedad del tiempo concedido a las autoridades españolas para retirar de una vez las medidas a la opa del grupo alemán se debe a que ya han tenido "mucho tiempo" para responder a los requerimientos de Bruselas y, en definitiva, para suprimir las condiciones.
El portavoz jefe de la Comisión, Johannes Leitenberger, precisó que el recurso a un plazo tan corto no resulta extraordinario y explicó que depende de la urgencia de cada caso.
En caso de que España no responda satisfactoriamente en el plazo fijado, "tendremos que reflexionar sobre si llevamos el asunto al Tribunal de Justicia de la UE", dijo Todd.
Otras fuentes comunitarias vaticinaron que el Gobierno español no acatará esta última decisión de Bruselas, por lo que el caso acabará, con toda seguridad, ante la corte europea, cuya sentencia se demorará en torno a dos años.
Según estas fuentes, hay dudas de si la Comisión podrá adoptar la decisión de denunciar a España ante el Tribunal en su siguiente reunión tras el día 16 (el miércoles 21 de marzo, en la que está previsto adoptar decisiones sobre diversos procedimientos de infracción), pero podría hacerlo "a finales de mes".
Una alternativa al largo proceso ante la Justicia europea sería que alguno de los afectados por la actuación ilegal del Gobierno español invocara las decisiones de Bruselas ante un tribunal nacional, cuya decisión podría ser más rápida, pero recordaron que E.ON ha decidido no utilizar esa opción.
Las fuentes incidieron en que la Comisión se ha esforzado en este caso por dar a España la oportunidad de justificar su actuación y comentar las sucesivas decisiones de Bruselas sobre los requisitos a la opa de E.ON y lamentaron que Madrid haya ignorado "flagrantemente" sus dictámenes. EFECOM
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