El alcalde de Londres, del conservador Boris Johnson, se ha convertido en el principal defensor de la City londinense -uno de los principales centros financieros del mundo- y no quiere que la Unión Europea (UE) interfiera en su funcionamiento.
En el centro de la batalla está la propuesta directiva europea sobre gestores de fondos de inversión alternativos ("hedge funds") y de valores de renta variable ("private equities"), destinada a calmar la irritación de los ciudadanos tras la crisis bancaria.
Según informa hoy "The Sunday Telegraph", que se ha unido a los esfuerzos de Johnson y ha puesto en marcha una campaña en contra de la directiva, el alcalde dará a conocer esta semana, en una reunión con empresarios, un informe en el que expondrá los perjuicios que la medida puede suponer para la ciudad y para el Reino Unido.
Johnson, que durante el reciente Congreso anual del Partido Conservador pidió que no se mirara a los banqueros como si fueran "leprosos", argumenta que los "hegde funds" han generado mucha riqueza en el Reino Unido y que no son los culpables de la crisis.
"Es vital que sigamos recordando a todo el mundo lo que estos fondos han financiado, desde los empleos que crean hasta los beneficios que generan para sostener nuestras pensiones, y que reconozcamos que no fue esta gente la que nos arrastró a las actuales dificultades económicas", dijo Johnson al "Telegraph".
La directiva, preparada por el ex primer ministro socialista danés Poul Nyrup Rasmussen, obligaría a muchos fondos de alto riesgo y a grupos que gestionan capitales privados a registrarse por primera vez ante el organismo regulador de su país y dar una detallada información sobre sus actividades.
Exigiría asimismo una valoración independiente, un incremento de sus requerimientos mínimos de capital y limitaría el nivel de deuda que esos fondos podrían utilizar en sus operaciones.
Sus críticos en la City argumentan que se trata de un intento de Francia y Alemania de socavar el predominio británico en el sector de los servicios financieros al tiempo que se trata de hacer aflorar los múltiples fondos que han buscado el amparo de los paraísos fiscales.
La Asociación de Gestión Alternativa de Inversiones (AIMA) del Reino Unido reveló esta semana que los activos gestionados por los "hedge funds" que operan en la City ascienden a unas 150.000 millones de libras (162.500 millones de euros o 239.700 millones de dólares).
La AIMA añadió que estos fondos y los valores de renta variable generan al año en ingresos para el Estado británico de 5.300 millones de libras, una cantidad equivalente al sueldo anual de 200.000 auxiliares de enfermería o de 165.000 profesores.
El secretario del Servicio de Finanzas del Tesoro británico, Paul Myners, también expresó su discrepancia con la directiva pendiente de aprobación en Bruselas y consideró que la UE corre el peligro de actuar unilateralmente, cuando lo que se necesita es acción global.
"Sería lamentable que (los legisladores europeos) se desconectaran del proceso de reforma global. El proteccionismo no es nunca la respuesta", argumentó Myners.
Por su parte, la directora ejecutiva de la Asociación de Banqueros Británicos (BBA), Angela Knight, advirtió de que la directiva será perjudicial para todos los países de la Unión.
En un artículo en el "Telegraph", Knight tacha la directiva de "defectuosa" y señala que amenaza a productos financieros populares, como las hipotecas a tipo fijo, que dependen de los fondos de inversión alternativa para proteger a los prestamistas ante los eventuales cambios de las tasas de interés.
