La Paz, 5 feb (EFECOM).- El Gobierno del presidente de Bolivia, Evo Morales, aceptó hoy hacer cambios en la estructura de la petrolera estatal YPFB, para dar fin a la protesta que mantuvo bloqueada una semana la carretera a Argentina y Paraguay en demanda de "una verdadera nacionalización" del sector.
El ministro de Gobierno (Interior), Alfredo Rada, dijo que su colega de Hidrocarburos, Carlos Villegas, firmó hoy con los líderes cívicos de la localidad oriental de Camiri un acuerdo que prevé la creación de la gerencia nacional de exploración y explotación de YPFB en esa región.
Hasta hoy el Gobierno se había opuesto a esa medida porque, a su juicio, instalar esa oficina en Camiri implicaba "descuartizar" a la empresa Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), cuya refundación para dirigir la nacionalización decretada por Morales en mayo pasado está en marcha.
Originalmente, el plan gubernamental contemplaba la creación de la empresa estatal con sus seis gerencias, una de ellas la de exploración y explotación, todas con sede en La Paz.
Camiri es una pequeña población del Chaco boliviano, con cerca de 30.000 habitantes, de los que un 45 por ciento vive en la pobreza.
Está situada a 294 kilómetros al sur de Santa Cruz, capital del departamento homónimo, que es la sede de las oficinas principales de las empresas petroleras que operan en Bolivia.
La protesta de los camireños comenzó hace una semana con un corte de la ruta hacia Argentina y Paraguay y Santa Cruz, la mayor ciudad de Bolivia, un paro cívico y la ocupación durante veintidós horas de una estación petrolera, intervenida el sábado por el Ejército con un saldo de doce heridos, dos de ellos de bala.
El acuerdo firmado también señala que la refundación de YPFB y la recuperación para el Estado de dos refinerías ya nacionalizadas pero que todavía gestiona la brasileña Petrobras, medidas ambas demandadas por Camiri, se concretarán en los términos en los que el Gobierno ya las está realizando.
El convenio establece además que en 2008 tres campos productores marginales y cercanos a la población de Camiri, entre ellos Camatindi y Caigua, operarán como "prestadores de servicios" en el marco de la nacionalización de los hidrocarburos.
Rada señaló que el acuerdo finalmente fue "satisfactorio" tanto para el Gobierno como para los dirigentes cívicos de Camiri.
Según Rada, el Gobierno boliviano mantuvo "intacta" su política de nacionalización, aunque el vicepresidente del Comité de Huelga de Camiri, Mirko Orgaz, aseguró a Efe que se han dado pasos para profundizar esa medida y fortalecer la estatal YPFB.
Para Orgaz, a partir de la decisión del Gobierno de crear la gerencia de exploración y explotación en Camiri, se tendrá una empresa "más operativa y menos corporativa" que asuma roles en esas áreas del la cadena productiva.
Agregó que, cuando YPFB comience a operar los tres campos cercanos a Camiri, se establecerá un precedente para que el Estado pueda hacerse cargo de las concesiones que, como éstas, hayan sido abandonadas por las petroleras.
Además, el Ejecutivo se comprometió a instalar en esta ciudad una planta para separar gas de líquidos con una inversión de 100 millones de dólares y fundar una gerencia de exploración de la futura empresa Petroandina, resultante de la asociación entre YPFB y Petróleos de Venezuela (PDVSA).
Según el dirigente camireño, a cambio de estas concesiones, la población aceptó ceder en su exigencia de una expropiación inmediata de las dos refinerías de Petrobras que hay en el país y en la de todos los campos marginales de producción de gas y petróleo.
Para el caso de las refinerías, el Gobierno de Morales continuará con las negociaciones que realiza desde el año pasado con la casa matriz de la petrolera brasileña.
La mayoría de los campos citados están gestionados por las petroleras mixtas Andina, filial de Repsol YPF; y Chaco, del grupo British Petroleum, con las que el Gobierno negocia un acuerdo para asumir su control accionarial en el marco de la nacionalización. EFECOM
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(con fotografías)
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