Buenos Aires, 31 ene (EFECOM).- Mañana se cumple un lustro desde que la Corte Suprema argentina declaró inconstitucional el "corralito", las restricciones bancarias decretadas por el gobierno que marcaron el principio del fin de Fernando de la Rúa como presidente del país.
Las medidas, que suponían límites al retiro de fondos de cuentas a la vista y de depósitos a plazo fijo, habían sido impuestas el 3 de diciembre de 2001 por el entonces ministro de Economía, Domingo Cavallo, con el fin de frenar una masiva fuga de capitales y evitar la quiebra de varios bancos.
En el fallo emitido el 1 de febrero de 2002 los jueces del alto tribunal consideraron que las limitaciones bancarias iban en contra de la Constitución y del Pacto de San José de Costa Rica, que protegen los derechos a la propiedad privada y a la inviolabilidad de los bienes.
El gobierno de Eduardo Duhalde, que asumió el 1 de enero de 2002, doce días después de la renuncia de Fernando de la Rúa, entendió que la resolución, además de inaplicable, era un "chantaje" de los jueces para evitar que avanzara un juicio político para destituirles de la máxima instancia judicial del país.
A esas alturas, la Corte Suprema era una de las instituciones más desprestigiadas de Argentina debido a que varias de sus resoluciones beneficiaban a personas afines al poder, por lo cual se había transformado en objeto de periódicas protestas populares.
Los bancos reaccionaron con pavor a la decisión del tribunal mientras el gobierno, si bien declaró su respeto al principio de separación de poderes, respondió con un decreto que suspendió por 180 días todas las acciones judiciales contra el "corralito".
Además de decretar la devaluación del peso tras una paridad "uno a uno" con el dólar de casi once años, Duhalde profundizó el "corralito" al transformar en moneda nacional los depósitos en divisa estadounidense a un valor sensiblemente menor al del mercado y reprogramar la devolución de los fondos a plazo fijo.
Así surgió el denominado "corralón", que enervó aún más la ya colmada paciencia de los ahorradores.
Los bancos, que por efecto de la devaluación sufrieron grandes desfases financieros y cuantiosas pérdidas, fueron el blanco de la ira de los perjudicados por estas medidas, a tal punto que debieron blindar con lo que fuera las fachadas de sus edificios.
El "corralito" finalmente fue abierto el 2 diciembre de 2002, mientras los fondos atrapados en el "corralón" fueron liberados totalmente en marzo de 2003, aunque los depósitos que se habían hecho en dólares nunca recobraron esa condición original.
Por entonces ya resultaba imparable la ola de causas abiertas en la justicia.
A finales de 2006 la Corte Suprema, renovada tras la llegada al poder de Néstor Kirchner en mayo de 2003, puso fin a cinco años de disputas al avalar la "pesificación" de los ahorros.
Sin embargo, ordenó a los bancos devolver la totalidad de los depósitos originales en dólares convertidos a pesos a un valor similar al del mercado.
La decisión de la máxima instancia judicial del país también dejó abierta la posibilidad de que los ahorradores demanden al Estado y a los bancos por "daños y perjuicios", por lo que se estima que próximamente habrá otra catarata de juicios.
La conversión a pesos de los depósitos en divisa estadounidense afectó ahorros por 46.000 millones de dólares y cerca de 70.000 clientes de entidades bancarias emprendieron acciones judiciales. EFECOM
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