Madrid, 29 ene (EFECOM).- La Fiscalía Anticorrupción ha reclamado que el ex presidente de Telefónica Juan Villalonga y otras nueve personas declaren como imputados en el caso Sintel, por considerar que planearon "conscientemente" las operaciones que llevaron a la insolvencia "irreversible" de esta empresa.
En un escrito remitido al Juzgado de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, que instruye el caso, el fiscal eleva así a diecinueve personas las que considera deben ser imputadas en el proceso que llevó a la citada insolvencia, desde la venta de Sintel por parte de Telefónica en abril de 1996 hasta su quiebra patrimonial en 2001.
El fiscal reclama de esta forma que figuren como imputados, además de Villalonga, el entonces secretario general de Telefónica, José María Más Millet y otros altos cargos de la empresa como el vicesecretario general o el apoderado, así como los miembros del Consejo de Administración de Sintel y los gestores de Mas Tec International, la empresa a la que se vendió, propiedad de la familia Más Canosa.
En este caso ya han declarado como imputados el también ex presidente de Telefónica Cándido Velázquez, durante cuyo mandato se vendió Sintel, así como el secretario general del Consejo que éste presidía, Heliodoro Alcaraz.
El escrito del fiscal coincide con las tesis de los trabajadores de Sintel, quienes responsabilizan a Telefónica de la quiebra de la filial, así como a los gestores de la operadora que vendieron Sintel a Mastec International, empresa filial de Mas Tec Incorporated, propiedad de la familia Mas Canosa.
Según la Fiscalía Anticorrupción, cuatro hechos de "especial relevancia" llevaron a la quiebra de Sintel, con la consecuente pérdida de empleo de sus 1.800 trabajadores.
En primer lugar, la venta de Sintel por parte de Telefónica en abril de 1996 a Mas Tec Incorporated, mediante su filial Mas Tec International.
Después, en diciembre de 1998, se celebra un contrato de reconocimiento de deuda por parte de Telefónica y Mas Tec, por el cual se utilizaba a la propia Sintel como aval para pagar su compra.
El tercer hecho relevante es la transmisión de la mayor parte de las acciones de Mas Tec International a cinco sociedades, cuatro de ellas domiciliadas en las Islas Vírgenes, cuyos administradores se incluyen en la lista de posibles imputados.
Finalmente, el fiscal destaca el hecho de que las filiales de Sintel de cuatro países sudamericanos se transmitieron también a esas sociedades y advierte de que tanto esta operación como la anterior serán objeto de otro informe de imputación.
Para la Fiscalía, la investigación demuestra que a quienes reclama como imputados son responsables de haber "provocado conscientemente dicho resultado (la insolvencia de Sintel)" y el efecto que las decisiones tomadas "iban a tener en el patrimonio" de la empresa y, por tanto, en el de sus diferentes acreedores, "singularmente los trabajadores".
El pago de Sintel de "unos pagos que no le correspondían", la deuda por su propia compra, llevó a su "progresiva descapitalización" y a su quiebra, según relata el fiscal, que subraya que todo ello se hizo "con conocimiento" de Juan Villalonga.
El portavoz de la Asociación de Trabajadores de Sintel, Adolfo Jiménez, celebró esta decisión de la Fiscalía, que según dijo a EFE supone una victoria en esta "lucha de una hormiga contra un gigante", hoy que se cumplen seis años de la instalación del "Campamento de la esperanza" en el Paseo de la Castellana de Madrid.
Los trabajadores de Sintel permanecieron 187 días en ese campamento para reclamar una solución a su situación laboral.
Jiménez anunció que la Junta Directiva de la Asociación se reunirá el próximo jueves 1 de febrero para aprobar un plan de movilizaciones con el que pedir al Gobierno que se "solucione definitivamente este conflicto" y se dé "de una vez" cumplimiento al acuerdo por el que se levantó el campamento.
Dicho acuerdo suponía el pago de indemnizaciones y el sueldo de veinte días por año desde la quiebra, que sólo se ha abonado "en parte" según el portavoz de la asociación, así como la recolocación en empresas adjudicatarias, "aunque no ha habido ni una", o la prejubilación de los mayores de cincuenta años, que sólo fue para 470 personas.
Jiménez propuso que la prejubilación vuelva a practicarse para quienes ahora tienen más de cincuenta años, y recordó que la empresa Sintratel, creada por algunos de los antiguos trabajadores de Sintel, emplea sólo a 292 de ellos.EFECOM
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