Madrid, 24 ene (EFECOM).- El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio reiteró hoy que las nuevas competencias de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) se ajustan a la normativa comunitaria y subrayó que es "normal" acudir al Tribunal de la Unión Europea (UE) cuando existen diferencias entre Bruselas y un Estado miembro.
La Comisión Europea (CE) anunció hoy que llevará a España ante el Tribunal de Justicia de la UE por la ampliación de las competencias de la CNE, que permitieron al regulador energético pronunciarse acerca de la opa de E.ON sobre Endesa.
Fuentes de Industria consultadas por EFE indicaron que, puesto que el Gobierno español y la CE mantienen posturas distintas sobre esta cuestión, "lo normal es que esa disparidad de criterios se dirima" en el Tribunal de la UE.
En este sentido, las fuentes recordaron que otros países, como Luxemburgo, Francia, Italia o Alemania, también tienen pleitos pendientes ante el Tribunal comunitario.
El Ejecutivo español entiende que las nuevas facultades de la CNE, al igual que las condiciones impuestas a la opa de E.ON sobre Endesa, se ajustan a la normativa europea y responden a la necesidad de garantizar el suministro energético, concepto recogido por la legislación europea.
Por el contrario, la CE considera que las nuevas competencias suponen "restricciones injustificadas" a los principios de libre circulación de capitales y al libre establecimiento.
El vicepresidente segundo y titular de Economía, Pedro Solbes, también se refirió hoy a las discrepancias entre el Gobierno español y la CE sobre las nuevas facultades de la CNE y las condiciones impuestas a la opa de E.ON.
"Que el Tribunal de Justicia delimite estos parámetros no me parece negativo para nosotros", indicó.
Solbes reiteró que, a diferencia de lo que opina la CE, la normativa comunitaria permite que los países miembros tomen medidas para garantizar el suministro energético.
El titular de Economía admitió que la CE "tiene competencia exclusiva en los procesos de fusión", pero recordó que la legislación europea incluye el concepto de "seguridad de abastecimiento", en el que se basó la decisión del Gobierno español. EFECOM
mam/prb
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