Bruselas, 18 ene (EFECOM).- España defendió hoy ante el Tribunal de Justicia comunitario la obtención de cuotas pesqueras en el mar del Norte y del Báltico, caladeros en los que la flota española tiene restringido su acceso debido a su Acta de Adhesión a la UE.
El Tribunal de la UE celebró la vista oral sobre una denuncia presentada por el Gobierno español contra el Consejo de Ministros de la Unión y contra la Comisión Europea porque en el acuerdo sobre Totales Admisibles de Capturas (TAC) para 2004, no se asignaron a España cupos en aguas comunitarias del Báltico ni del mar del Norte.
El Gobierno español pidió que se anule el reglamento sobre la distribución de cuotas para 2004, por ser discriminatorio con la flota española, según el informe para la vista.
El recurso de hoy no es el primero de España contra las restricciones en esos caladeros comunitarios, que considera "discriminatorias" pues otras veces ha impugnado esta exclusión ante el Tribunal de la UE, en denuncias como la que presentó contra la Política Pesquera Común (PPC), que no fue apoyada por los jueces.
El Gobierno español denuncia que la norma impugnada no recoge que el 31 de diciembre de 2002 terminó el período transitorio, establecido en el Acta de Adhesión de España y Portugal a la UE, durante el cual los barcos de estos países tenían limitado el acceso al mar del Norte y del Báltico.
Por este motivo, España reclamó que se revisaran los repartos de cuotas posteriores a la entrada de España y correspondientes a la zona en que no tenía acceso durante el período transitorio y que en determinadas especies repartidas en TAC, existían capturas históricas en el mar del Norte entre 1973 y 1978.
El Gobierno español afirma que en el reglamento recurrido, los pescadores españoles "son tratados de forma diferente", porque no se les permite capturar la casi totalidad de las especies sometidas a cuota en el mar del Norte y en el Báltico.
Alega que no existe razón objetiva que justifique esta "discriminación" y que extender la exclusión más allá del período transitorio previsto en el Acta de Adhesión es "desconocer su propia naturaleza excepcional y limitada" ya que su "finalidad es permitir la paulatina integración de un Estado miembro en la UE.
España argumenta que el reglamento impugnado "prorroga el período transitorio más allá de lo previsto" y vulnera las disposiciones del Acta de Adhesión.
Pide que las nuevas posibilidades de pesca en esos mares entre los años 1992 y 1998 se distribuyan teniendo en cuenta los intereses españoles.
El Consejo de la UE y la Comisión niegan que los buques españoles hayan sido discriminados, según el informe para la vista.
Afirmaron que a los españoles se les trata "exactamente" de la misma manera que los barcos de otros países que están en la misma situación que España, es decir "los que no resultaron beneficiados en el reparto inicial de cuotas, casi la mitad de los Estados miembros".
Según el Consejo y la Comisión, el Acta de Adhesión de España no exige una revisión del sistema.
Indicaron que nada permite afirmar que si no haber existido las medidas transitorias del Acta, España hubiera participado en los repartos de nuevas poblaciones pesqueras efectuados después de 1986.
Apuntaron que los argumentos españoles "carecen de pertinencia" porque los recursos pesqueros que fueron objeto de asignación de cuotas entre los países tras el ingreso de España en la UE -entre 1992 y 1998- no constituyen nuevas posibilidades pesqueras.EFECOM
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