El Tribunal de Justicia de la Unión Europea condenó hoy a España por permitir que se sigan concediendo ayudas fiscales ilegales a las empresas instaladas en Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, y por no haber recuperado las subvenciones otorgadas en el pasado, a pesar de que así se lo había ordenado el Ejecutivo comunitario en 2001.
Las ayudas en cuestión son el crédito fiscal del 45% a las inversiones y la exención parcial del pago del impuesto de sociedades a las empresas de nueva creación, las denominadas 'vacaciones fiscales'.
El 20 de diciembre de 2001, la Comisión ordenó a España acabar con estos regímenes de ayudas fiscales aplicados en las tres provincias vascas y recuperar las subvenciones ya concedidas mediante este sistema al considerar que eran ilegales e incompatibles con la legislación comunitaria.
Impedir las subvenciones
La sentencia constata en primer lugar que España no ha adoptado medidas adecuadas para impedir que estas ayudas ilegales se sigan concediendo.
En cuanto a la obligación de recuperar las ayudas ya puestas a disposición de las empresas, la sentencia señala que España no ha acreditado ninguna actuación real ante las compañías interesadas. Señala que no es suficiente con que el Gobierno se limite a comunicar a la Comisión las dificultades jurídicas, políticas o prácticas que suscita la ejecución de la decisión.
Por lo tanto, el Tribunal da la razón al Ejecutivo comunitario y sentencia que España no ha cumplido con sus obligaciones.
