El plan del Gobierno para paliar las consecuencias del alza del combustible para el transporte profesional hace aguas. Los autónomos y pymes no apoyan el plan presentado en la tarde noche del lunes y piden concreción en unas ayudas que, según han calculado, apenas supondrían unos cuatro céntimos de euro por litro de bonificación. Esta cuantía, que se deduce de los 500 millones que se han calculado para todo el sector, se queda muy lejos de las que han anunciado otros países y que llegan a 30 céntimos en el caso de la vecina Portugal. En cambio, el hecho de que deban ser asumidas por las "distribuidoras y comercializadoras" de combustible y que aún no se haya especificado en qué porcentaje ha puesto en jaque a estas compañías y el suministro de carburante ya que, según confirman a elEconomista desde el sector, la asunción de esta cuantía "se comería" el margen del gasóleo profesional con el que trabajan. Todo ello, mientras la intervención del mercado con un tope en los precios del litro de combustible sobrevuela el mercado.
La comparativa de los datos calculados por los transportistas con las medidas aprobadas por países de nuestro entorno deja a España como el país en el que más bajas son las ayudas, si bien el Gobierno todavía no ha dado datos oficiales sobre qué cifra exacta se reducirá. En este sentido, y como se puede ver en el mapa, Francia ha aprobado una bajada de 15 céntimos por litro, Italia ha elevado esta cuantía hasta los 25 y Portugal ha ido más allá llegando a los 30. Pero los precios que tienen en estos países por litro de gasóleo también son muy dispares y, además, en el caso de los profesionales está bonificado el impuesto de hidrocarburos (se devuelve una parte de lo que se paga inicialmente).
Todo ello, encaja con el copago anunciado por el Ejecutivo entre las "distribuidoras y comercializadoras" de combustible -del que no tenían noticia hasta que ayer se anunció al final de la reunión con la CNTC, como adelantó elEconomista- y el propio Estado. En este sentido, el gasóleo para profesionales tiene un margen para las petroleras ostensiblemente menor que el del resto de usuarios. Si a la parte de los 500 millones de euros de bonificaciones sobre el precio de este combustible se suma las afirmaciones de la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, que ayer por la mañana abrió la puerta a limitar el precio de los carburantes siempre que obtenga el visto bueno de la Comisión Europea, las petroleras verán cómo el margen con el que trabajan en este producto prácticamente desaparece. El objetivo que persigue este conjunto de medidas, según señaló la propia Raquel Sánchez, es que las bonificaciones anunciadas sean efectivas y no se queden reducidas a la nada por una nueva subida de los precios del litro de carburante que pueda producirse en un futuro.
"Problema de Estado"
El paro del sector del transporte se está enquistando y las organizaciones del gran consumo alertan de posibles problemas de desabastecimiento en los próximos días, llegando a calificar de "máxima urgencia" la necesidad de poner fin a la situación actual. Para ellos se trata de un "problema de Estado" que amenaza la producción y que lleva a peligrar más de 100.000 puestos de trabajo. Ante esta situación, la cadena de valor del gran consumo -sector primario, industria y distribución- pidió ayer a los convocantes en un comunicado conjunto que dejen de "coaccionar" al resto de sectores, impidiendo el desarrollo de su actividad. Las organizaciones Aecoc, ACES, Anged, Asedas, Cooperativas Agro-Alimentarias y FIAB, instaron también al Gobierno a "no perder ni un segundo en la concreción del plan de ayudas al transporte".
Numerosas empresas y cooperativas han tenido que interrumpir sus procesos de fabricación y se han visto obligadas a cerrar temporalmente ante la falta de suministro. Entre ellas destacan Calvo, Azucarera, Cuétara, Dcoop, Agrosevilla o fábricas de pienso y otras como Danone o Heineken-Cruzcampo.
CCOO denuncia la situación
Mientras el paro de los transportistas sigue adelante, CCOO denunciaba que el Gobierno pretende cubrir los problemas de desabastecimiento que se están produciendo "permitiendo que aquellos empresarios que no secunden el paro, puedan destinar a sus trabajadores a hacer viajes sin los límites de tiempos de conducción y descanso que marca la normativa europea y estatal".
En este sentido, señalan que la Dirección General de Transporte Terrestre emitió ayer una resolución por la que se exceptúan desde el 17 al 27 de marzo a todos los conductores asalariados que realizan o hayan realizado operaciones en territorio nacional, las obligaciones que en materia de tiempos de conducción y descanso.
De esta manera, según señalan, las empresas podrán obligar a los conductores a conducir hasta 11 horas al día además de los tiempos de presencia, conducir hasta 60 horas a la semana o hasta 102 horas cada dos semanas. Además, tienen únicamente nueve horas de descanso diario sin obligación de tomar dos descansos semanales reducidos consecutivos de al menos 24 horas. "Se rescata por segunda vez a las empresas del transporte mientras se hunde y deteriora cada vez más el futuro de los conductores asalariados para quienes ya no existe relevo generacional", señalan.
