El Gobierno continúa perfilando el Real Decreto-ley que fijará los mecanismos de compensación por los sobrecostes acaecidos en las obras públicas como consecuencia del alza de los precios de los materiales de construcción que se ha producido desde hace casi dos años.
Sobre la mesa de los ministerios implicados en el desarrollo de la normativa, Economía, Hacienda y Transportes, se encuentra en estos momentos la imposición de una serie de limitaciones que rebajaría sustancialmente los reequilibrios de los contratos respecto a las demandas de las empresas.
En concreto, según indican fuentes conocedoras de las negociaciones, el Ejecutivo ha planteado excluir de la compensación el primer 5% de una cesta de materiales concretos. Así, en el marco de las negociaciones, de acuerdo con fuentes conocedoras, se ha propuesto dejar fuera de esas compensaciones algunos materiales de construcción. De igual modo, el Gobierno también rechaza incluir en la cesta de costes a reequilibrar el incremento de los energéticos, motivo de discusión con el sector privado. Las fuentes gubernamentales consultadas dan por hecho que la creciente factura eléctrica no se resarcizará. Al fin y al cabo, arguyen, se trata de un asunto que afecta a todos los ámbitos económicos, no sólo a las constructoras.
A todo ello se añade el límite temporal de las revisiones, fijando los aumentos de precios a partir del 1 de enero de 2021, de manera que las subidas que ya se registraron en 2020 quedarían excluidas.
La semana pasada hubo reuniones a varias bandas entre los ministerios y las organizaciones empresariales
Según denuncian altos directivos de constructoras afectadas, todo ello abocaría a que el reequilibrio de las obras en curso sería muy limitado, con lo que la amenaza de que se paralicen obras no se disiparía completamente. Un riesgo que la Administración quiere evitar a toda costa, máxime a las puertas de la llegada masiva de la financiación de los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. No obstante, en esta partida también juega un papel determinante la contención del gasto, de ahí las limitaciones planteadas en los reequilibrios.
En todo caso, las negociaciones continúan abiertas y en el desarrollo del Real Decreto se espera que se sigan introduciendo cambios. La semana pasada hubo reuniones a varias bandas entre los ministerios y las organizaciones empresariales que representan al sector. No obstante, ni desde el Ministerio de Transportes ni desde la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), Seopan y Anci han querido hacer ningún comentario en relación a este asunto.
La hoja de ruta de Moncloa discurre por aprobar el Real Decreto en las próximas semanas, previsiblemente a finales de este mes de febrero o comienzos de marzo. Se trata de un tema urgente en tanto en cuanto hay muchas obras ejecutándose a pérdidas y la resistencia de algunas constructoras se agota.
Con esta norma, el Gobierno marcará el paso para el resto de Administraciones tanto Autonómicas como Locales, aunque algunas ya se han anticipado. Así lo han hecho con una disposición el Parlamento Gallego y con la Ley 3/2021, de 30 de diciembre, la Junta de Extremadura.
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