El fiscal general del estado de Washington. Bob Ferguson, ha logrado esta semana un acuerdo según el cual el gigante online no podrá usar su programa 'Vendido por Amazon' en todo EEUU, al considerarse que incurría en una práctica de fijación de precios y vulneración de la libre competencia, por lo que además tendrá que abonar 2,25 millones de dólares.
Según señala la nota difundida por la oficina del fiscal general, este programa "permitía al distribuidor online que acordase precios con otros vendedores, en lugar de competir con ellos". por lo que el fiscal ha considerado que suponía una violación de las normas anti trust y de fijación de precios.
Al programa 'Vendido por Amazon' se accedía solo por invitación entre 2018 y 2020, de forma que el gigante invitaba únicamente a quienes competían con él en precio. A cambio, estas empresas recibían una parte de lo que Amazon obtenía por sus ventas.
Con ello, los precios de ciertos productos se incrementaron al no existir una amplia competencia real, ya que además Amazon "programó su algoritmo de fijación de precios para igualar los precios que ciertos minoristas externos ofrecen a los consumidores en línea".
"Esto dio como resultado que Amazon maximizara sus propias ganancias independientemente de si los consumidores pagaron un precio más alto por las ventas de productos inscritos en el programa 'Vendido por Amazon' o se conformaron con comprar el mismo producto o uno similar ofrecido a través de Amazon", dice el comunicado.
Además, aquellas empresas que formaban parte del programa apenas tenían margen para ofrecer descuentos, viéndose anclados a precios artificialmente altos y sin posibilidad de bajarlos para competir.
La oficina del fiscal recuerda, además, que Amazon se ha visto envuelta en casos similares de vulneración de la competencia, como el acuerdo con editoriales para aumentar el precio de los libros electrónicos o de impedir mediante acuerdos que los vendedores puedan ofrecer mejores precios en otras plataformas.
En declaraciones a Business Insider, la compañía alega que el programa se cerró por razones ajenas a la investigación del fiscal y que el objetivo cuando se lanzó era ayudar a las pequeñas empresas a comercializar sus productos y llegar al consumidor final.