Javier Aliaga
La Paz, 7 dic (EFECOM).- El presidente de Bolivia, Evo Morales, cerró este año con el triunfo económico y político que supuso la nacionalización petrolera, y estudia para 2007, una medida similar en la minería, aunque menos radical.
La nacionalización petrolera fue anunciada por el líder indígena de izquierda el 1 de mayo pasado y coronada parcialmente los días 27 y 28 de octubre, cuando doce multinacionales firmaron nuevos contratos, que fueron elevados a rango de ley el 3 de diciembre.
La medida había sido prometida por Morales en su campaña electoral, pero aún así sorprendió a las petroleras y a los Gobiernos de sus respectivos países, porque el anuncio fue respaldado por la ocupación militar de medio centenar de campos de gas y vigilancia en las puertas de las oficinas de las compañías.
Fue la tercera nacionalización petrolera en Bolivia y afectó a los intereses de varias compañías, a diferencia de las realizadas en 1937 y 1969 con las firmas estadounidenses Standard Oil y Gulf Oil, respectivamente.
Pese a los primeros reparos, las advertencias de recurrir a los tribunales internacionales y parar sus inversiones, los ejecutivos de las petroleras aceptaron pagar los nuevos tributos, de hasta el 85 por ciento del valor de la producción, y abandonar sus reclamaciones legales y por vía diplomática.
Según cálculos oficiales, Bolivia recibirá en el primer año de la nacionalización 1.300 millones de dólares, cinco veces más que los ingresos reportados antes de los cambios a la normativa del sector iniciados en 2005, y espera 3.500 millones de dólares en inversiones hasta 2010.
La brasileña Petrobras, la hispano-argentina Repsol YPF, la británica British Gas y Chaco (de British Petroleum), la francesa TotalFinaElf, las argentinas Pluspetrol y Matpetrol, están entre las firmas que aceptaron las nuevas condiciones fijadas por Morales.
Para consolidar la nacionalización, aún queda pendiente que el Estado asuma el control mayoritario de las acciones de tres empresas mixtas y dos privadas, controladas por varias multinacionales, entre ellas Petrobras, Repsol y la anglo-holandesa Shell.
Después de la nacionalización, el respaldo a Morales se disparó en mayo hasta el 81 por ciento, el más alto de su gestión de casi once meses. Y la firma de los contratos, le permitió recuperarse en noviembre hasta el 67 por ciento, tras haber caído al 50 por ciento en los meses precedentes.
El peor momento de Morales, expresado en esa caída, se produjo después de la muerte, a principios de octubre, de 16 mineros de grupos rivales enfrentados a tiros y con dinamita por el control de la rica mina de estaño de Huanuni, en la zona andina de Oruro.
El trágico episodio puso en el punto de mira la situación de la minería, que Morales también pretendía nacionalizar este año y que ha tenido que posponer hasta 2007.
En principio, la nacionalización de la minería había sido anunciada para el 31 de octubre, coincidiendo con la fecha de la primera medida de ese tipo que tuvo lugar en 1952, pero ha sido aplazada hasta el año próximo.
"Este año queremos consolidar la nacionalización de los hidrocarburos. Tenemos todo un paquete para minería, pero no queremos cruzarnos, sino ser responsables", dijo Morales ese día.
Una semana antes de esa fecha, el mandatario afirmó que por "recomendación del pueblo" se iban a recuperar las minas que pertenecieron al ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997 y 2002-2003), y que están desde 2005 en manos de la multinacional suiza Glencore.
Sánchez de Lozada (1993-1997 y 2002-2003) vendió sus minas después de auto-exiliarse en Estados Unidos tras renunciar a la Presidencia en octubre de 2003 y la muerte de sesenta personas durante la represión a una oleada de protestas sociales.
En medio de esos anuncios, también hubo declaraciones de respeto a las inversiones en marcha en grandes proyectos en los departamentos de Potosí y Oruro, que hacen prever que la nacionalización no tendrá la dureza aplicada a los hidrocarburos, aunque se da por descontado un aumento de tributos a los mineros.
Para empezar, el Gobierno asumió el control pleno de la mina Huanuani, que posee cerca de 1 millón de toneladas de estaño en reservas, retirando las concesiones que tenían en esa zona miles de cooperativistas mineros, uno de los dos grupos que provocaron la matanza de octubre pasado en esa región. EFECOM
ja/am/rl
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