El buque insignia del presidente de Bolivia, Evo Morales, la nacionalización de los hidrocarburos, está en riesgo por la incapacidad y las irregularidades de la petrolera estatal YPFB, según medios locales y fuentes diplomáticas.
Esa empresa que debía liderar la nacionalización fue acusada -en julio por la Superintendencia de Hidrocarburos y anoche por el ministerio del ramo- de violar el decreto dictado por Morales en mayo, al suscribir un contrato con una intermediaria para exportar crudo a Brasil.
Las últimas semanas han sido negras para Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y para su presidente, Jorge Alvarado, pues hubo más denuncias de corrupción y se anunció que esa empresa es incapaz de asumir el monopolio de los hidrocarburos que le otorgó, sobre el papel, aquel decreto.
Corrupción en YPFB
"El tema hidrocarburífero nos está dando muchos dolores de cabeza", reconoció hoy el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, y añadió que el gobierno no tiene gente preparada para desmadejar la "telaraña" de los contratos que hay que renegociar con las multinacionales.
Diputados de la oposición y diarios locales han pedido que Alvarado renuncie o sea despedido cuanto antes, pero Morales dice que esperará a conocer el veredicto de las instancias judiciales que investigan el caso.
El portavoz presidencial, Alex Contreras, consultado hoy sobre qué hará el Gobierno ahora que el Ministerio de Hidrocarburos confirmó que YPFB violó la nacionalización, respondió que Alvarado tiene diez días para responder a las acusaciones y que se esperará hasta entonces.
Influencia internacional
Contreras repitió la denuncia de Morales de que todo responde a un complot de intereses internos e internacionales para detener la nacionalización.
"¿Qué poder tiene el presidente de YPFB sobre el primer mandatario como para que, a pesar de todas las irregularidades denunciadas, siga afectando la imagen de la estatal petrolera?", preguntó el diario local La Prensa el lunes en su editorial.
Además de Alvarado, ha sido denunciado el principal asesor de YPFB, Manuel Morales, porque una consultora con la que está relacionado indirectamente su padre, del mismo nombre, recibió un contrato para auditar inversiones de la brasileña Petrobras.
Tanto Alvarado como su asesor niegan las acusaciones, mientras que el ministro de Hidrocarburos, Andrés Soliz, primero respaldó al presidente de YPFB pero luego se apartó de él.
Anulado el monopolio de YPFB
En paralelo con las denuncias de corrupción, el 1 de agosto el Ministerio de Hidrocarburos anuló dos resoluciones dictadas apenas cuatro días antes, que daban a YPFB el control absoluto de la comercialización del petróleo, el gas y otros derivados, en Bolivia y para la exportación.
Soliz explicó entonces que anuló las resoluciones porque YPFB no tiene los recursos necesarios para asumir esa tarea, que calculó en 180 millones de dólares.
YPFB tampoco ha conseguido la mitad más una de las acciones de varias petroleras mixtas re-nacionalizadas, entre ellas las filiales de la hispano-argentina Repsol YPF y de Petrobrás, a pesar de que así lo indica también el decreto.
Las negociaciones con esas y otras multinacionales están en punto muerto cuando ya han pasado casi cuatro de los seis meses de plazo que fijó el decreto de mayo para que firmen nuevos contratos con el Estado, si quieren quedarse en Bolivia.
