El Gobierno de Pedro Sánchez no gana para disgustos. Cuando parecía que había superado los problemas tras el cambio de opinión del PNV sobre la ruptura de la denominación de origen Rioja han llegado otros nacionalistas, en este caso los catalanes, y han vuelto a ponerlo todo patas arriba. En esta ocasiones los dolores de cabeza vienen por la petición de ERC para obligar a los productores audiovisuales (en abierto y en streaming) a incluir un 6% de su contenido en catalán a cambio de dar su visto bueno a los Presupuestos Generales del Estado para 2022. Una medida que en un primer momento el Ejecutivo pareció aceptar sin problemas. Pero, hecha la ley hecha la trampa y donde dijeron digo ahora dicen Diego.
El martes a una última hora de la tarde se conoció que la nueva ley audiovisual, la que incluirá la cuota del 6% del contenido en las lenguas cooficiales, no afectará a las grandes plataformas de streaming como Netflix, HBO o Disney+. ¿El motivo? Su sede fiscal no está en España. Desde las filas del Gobierno justifican que con la ley europea no se puede obligar a aquellos operadores que no son españoles. Esto significa que de salir adelante la nueva ley audiovisual la norma afectará a las plataformas españolas, es decir, Filmin, Atresplayer, MiTele y Movistar+, entre otras.
Esto no ha gustado a los nacionalistas catalanes, que van un paso más allá y amenazan con tumbar los PGE en el Senado. "El Gobierno de Pedro Sánchez y de Unidas Podemos ha vuelto a engañar e ignorar las peticiones de partidos, instituciones y empresas catalanas, prometiendo unas cuotas que no ha hecho efectivas en el proyecto de ley", denuncian desde Junts. Por ello, ha apelado a las fuerzas independentistas a coordinarse en Madrid porque
"23 diputados juntos tienen más fuerza que 23 diputados separados", y a acordar que, en caso de que no se acepten las enmiendas que pudieran pactar, votar en contra de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) en el Senado para que vuelvan al Congreso.
La realidad es que la nueva ley audiovisual no parece gustar a nadie, y esto no es nuevo. Desde Uteca, la Unión de Televisiones Comerciales en Abierto, llevan desde el principio denunciando que esta ley "profundiza y agrava la discriminación a las televisiones en abierto al imponerles obligaciones únicas", ya no solo la cuota de contenido en lenguas cooficiales, también existe discriminación con los operadores internacionales en materia de publicad y protección al menor, por ejemplo.
Si finalmente sale adelante esta nueva ley -la aprobó el Consejo de Ministros el pasado martes- sin incluir a las plataformas internacionales, en España partirán con ventaja compañías como Mediapro y Filmin. El motivo no es otro que su origen, ambas son catalanas y por tanto gran parte de su contenido ya se está emitiendo en ese idioma. De hecho, Filmin ha explicado en varias ocasiones en los últimos días que cerca del 20% de su contenido está en este idioma. Esto significa que no tendrán que hacer grandes desembolsos para producir y emitir este contenido, además, será más fácil que reciban las ayudas económicas europeas.
