Si la competencia se basa en la multiplicidad de ofertas y en una demanda creciente e informada, la banda ancha fija española goza de una buena salud competitiva, después de recorrer un itinerario de más de dos décadas de compartición de infraestructuras a precios regulados, de promover la prestación indirecta de los servicios sobre infraestructura ajena y de una agregación constante de valores accesorios a la oferta básica de conectividad, con el objetivo patente de erosionar la cuota del antiguo operador incumbente, Telefónica. Por el contrario, la telefonía móvil surgió hace casi treinta años en un entorno de competencia, en el que por poco tiempo la cobertura fue un factor diferencial. En seguida las promociones, en aquella época vinculadas a la variedad de terminales y a las subvenciones de los mismos fueron determinando las cuotas de mercado, teniendo presente que hasta más de una década después no se lanzaron los primeros paquetes fijo-móvil y la televisión no formaba parte de las ofertas integradas de los operadores. En paralelo, la preexistencia de un operador fijo único y la progresiva aparición de operadores alternativos para los servicios de voz sustentó el interés en ese negocio de quienes ya participaban en el negocio móvil y al aprovechamiento por Telefónica del bucle de cobre para proveer los primeros servicios de datos domésticos ADSL siguió aún en la década de los noventa la "apertura"del bucle de los abonados en las centrales de Telefónica. Después vendrían los despliegues de fibra óptica, la tecnología de transmisión más potente y evolucionable, que emplean buena parte de la obra civil del cobre, de modo que Telefónica se vería obligada a ceder tal infraestructura para que otros pudieran pasar sus redes y llegar a los hogares a los que dirigirían sus ofertas de conectividad, singulares o integradas incluso con una parte de contenidos (actualmente la oferta más completa, "5P" incluye voz y datos fijos y móviles y TV -con sus múltiples desdoblamientos-).
La publicación en el BOE del pasado 20 de Octubre de la resolución de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que actualiza la definición y el análisis del mercado mayorista de acceso fijo y la designación de Telefónica como operador con poder significativo -pero menguante- de mercado y las obligaciones específicas que se derivan para la misma de tal condición es un avance significativo en el reconocimiento del carácter extenso y altamente competitivo del mercado de banda ancha fija en España, con más de 70 millones de accesos (entre los que destacan los cerca de 57 millones de fibra óptica). Entre 2015 y 2020, el número de hogares preparados para acceder a la banda ancha fija con fibra óptica se ha multiplicado por 2,5 veces, lo que da idea del imponente esfuerzo inversor realizado por el sector de las telecomunicaciones y liderado por Telefónica, con el 45 por ciento de dichos accesos. En efecto, según los datos de la CNMC el 86 por ciento de los hogares españoles dispone de un acceso de banda ancha fija en cualquiera de las tecnologías (cobre, cable, fibra óptica) y cerca del 63 por ciento están conectados por este medio, lo que compara con una media para la Unión Europea y Reino Unido respectivamente del 44 por ciento y del 20 por ciento de los hogares. Es decir, prácticamente el doble de cobertura y más del triple de activación. Los 16,2 millones de usuarios de banda ancha fija en España al final de 2020 tenían un consumo medio próximo a 240 GB, casi cinco veces más que en 2015 y frente a los 5,3 GB de consumo medio de la banda ancha móvil, por ende complementarias, tanto por su rendimiento como por las posibilidades de los distintos dispositivos asociados.
Los municipios competitivos representan el 70% de la población
El negocio de la banda ancha fija en España genera unos ingresos próximos a los 4.300 millones de euros, prácticamente estancado y con pequeños retrocesos en los últimos tres años, consecuencia de la tremenda presión competitiva que ha resultado del formidable despliegue recién comentado. Sin embargo, desde 2016 (cuando los ingresos crecieron cerca del 10 por ciento) y hasta la reciente resolución de la CNMC objeto de comentario, esta autoridad tan solo consideraba competitivos 66 municipios, representativos de algo más de un tercio de la población española, al considerar que existía en ellos una competencia real, basada en el número de redes desplegadas y en la cuota máxima de Telefónica. El resto de España estaba sujeta a un régimen de competencia en el acceso por el cual Telefónica habría de poner a disposición de otros operadores sus capacidades técnicas en condiciones fijadas por el supervisor (mercado "mayorista"), con una oferta efectiva de precios similares y siempre decrecientes en términos relativos para los clientes finales del servicio. Ahora, son 696 los municipios competitivos, representativos del 70 por ciento de la población y en relación con los cuales Telefónica sólo viene obligada a facilitar el acceso a su infraestructura de obra civil para el despliegue de otras redes. En este conjunto de municipios (antes llamado "zona BAU" de banda ancha ultrarrápida y ahora "zona 1") que incluye prácticamente todas las poblaciones españolas de más de 50 mil habitantes, existen tres redes de banda ancha fija, con una cobertura individual mínima del 20 por ciento y Telefónica ostenta en tales municipios una cuota entre clientes finales ("mercado minorista") no superior al 50 por ciento. El resto de España, con una densidad de población de apenas 11 habitantes por kilómetro cuadrado frente a los cerca de 414 de la zona 1, conforma el territorio no competitivo o "zona 2", en la que Telefónica continúa obligada a prestar indirectamente la banda ancha fija a los clientes de otros operadores al menos durante los próximos tres años, durante los cuales estará vigente la definición actual de la CNMC de los mercados de banda ancha fija en España.
La oferta de redes de banda ancha fija en España es amplia: más del 60 de las poblaciones de la zona 1 (donde un tercio de la población está conectada a alguna de ellas) disponen de tres redes y el 40 por ciento de las de la zona 2 (donde el nivel de conexión se sitúa en el 17 por ciento) disponen de dos redes. De hecho, en algunas poblaciones de la zona 1 el solapamiento de redes puede impedir la recuperación de la inversión, lo que presiona a los precios finales a la baja. El despliegue de tecnologías que permite la compartición de los elementos activos, actualmente entre hasta cuatro operadores (NGPON2) puede hacer redundantes alguno de los tendidos realizados, lo que podría a su vez llevar a la finalización de los contratos de cesión de obra civil, dedicando los ahorros a incentivos comerciales para la captación de clientes.
El desarrollo del mercado mayorista ha hecho que los precios regulados de los accesos indirectos (NEBA) provistos por Telefónica en la zona 2 resulten cada vez más caros que los acordados entre operadores, resultando en un freno a nuevos despliegues. De este modo, la calificación de mercados competitivos de poblaciones que actualmente forman parte de la zona 2 dependerá más de la evolución coyuntural de las cuotas de mercado -en particular de la cuota máxima de Telefónica, que actualmente disfruta de un 52 por ciento en dicha zona, frente al 33 por ciento en la zona 1- que del número de redes disponibles. La cuestión candente es si para los operadores de cable (Vodafone y grupo Euskaltel) tiene sentido invertir en migrar a fibra óptica ("FTTH") en lugar de negociar nuevos acuerdos mayoristas de largo plazo ("IRU") con Telefónica (26 millones de accesos, de los cuales 4,7 millones están conectados a sus propios clientes) y Orange (15 millones de accesos, de los cuales 3,8 millones están conectados a sus propios clientes) que tendrían conjuntamente, según estimaciones propias utilizando datos de la CNMC, cerca de 32,5 millones de accesos (en gran medida superpuestos) para acomodar de entrada los 5,6 millones de accesos del resto de operadores, incluidos los cerca de 2,1 millones de accesos conectados de cable ("HFC").
La próxima revisión del mercado de banda ancha fija en España está previsto que se realice por la CNMC en 2024. ¿Cuál es su evolución más probable? Previsiblemente la competencia entre infraestructuras no se va a intensificar, dado el notable solapamiento actual en la zona 1 y el hecho de que para las periferias de la zona 2 los operadores están acordando la cesión de los accesos en régimen mayorista en condiciones que disuaden de un nuevo despliegue. Esto explicaría en parte el precio cercano a 1.500€ por acceso en la reciente venta por EQT a Ardian del operador rural Adamo. La CNMC ha reconocido el valor de los acuerdos privados de coinversión y compartición de infraestructuras, como soluciones financieramente eficientes y sin menoscabo de la competencia efectiva de cara a los clientes finales, observada la concurrencia en un territorio determinado de un número mínimo de ofertas comparables. Las ayudas públicas para la superación de la brecha digital en zonas menos pobladas (programa "ÚNICO") están precisamente dirigidas a territorios "blancos" -es decir aún no cubiertos y para los que las soluciones de banda ancha inalámbrica, basadas en la frecuencia de 700 MHz son una alternativa competitiva- por lo que no deben acrecentar la oferta y deprimir los precios mayoristas.
La desregulación del mercado de banda ancha fija se espera para 2025
En la medida en que lo requieran las aplicaciones del futuro y sea técnicamente viable en función del ritmo de desdoblamiento de las longitudes de onda, seguirá aumentando el caudal a disposición de los clientes finales, que previsiblemente se beneficiarán de la continua erosión de precios fruto de la inexistencia de franquicias en la banda ancha fija (por su consideración de recurso "dedicado" del usuario) y de la disputa propiciada por la autoridad de competencia por la cuota en un negocio que apenas tiene costes operativos variables (como otro básico, la electricidad) y en el que el crecimiento exponencial de la demanda, en la descripción de Azeem Aznar, lleva a los operadores a perseguir la captura de unas economías de escala evanescentes. Además, es probable que la organización del mercado de banda ancha fija en España evolucione de manera dispar entre territorios, en función de las diferentes ofertas, niveles de renta y asociación a otros servicios ajenos a las telecomunicaciones, como en sentido inverso se está produciendo, aún tímidamente, con la venta de electricidad a los clientes de aquellas, en la medida en que la desintegración vertical producción-distribución-comercialización ha estimulado el desarrollo de los mercados mayoristas.
La eventual desaparición de una regulación previa de los mercados de banda ancha fija en España en el horizonte probable de 2025 preservará la oferta de las infraestructuras de obra civil, asociadas al dominio público pero sufragadas por Telefónica, mientras la propuesta tecnológica de los operadores será equiparable y difícilmente determinante en la elección del cliente final. La facilidad ya irreversible de cambio de operador, el acceso vía suscripción independiente a los contenidos preferidos y la percepción de que se trata de un servicio generador de quejas de los consumidores continuarán impulsando la rotación de los clientes, mayor cuanto mayor sea la penetración del servicio, como se observa para la banda ancha móvil, contribuyendo a la probable atonía de la facturación de los servicios de banda ancha fija. Carentes de un catalizador de valor, la indiferenciación de la oferta gracias a la extensión y superposición de redes antes descrita, plantea incógnitas sobre la recuperación de las cuantiosas inversiones realizadas y abre la posibilidad a nuevos deterioros contables en relación con redes adquiridas sobre la expectativa de una monetización en términos más favorables a los que permite la situación competitiva de la banda ancha fija en España.
