En 1870 entró en funcionamiento el primer cable telegráfico submarino, que unió la Península Ibérica, desde Carcavelos (Portugal) con el Reino Unido (Porthcurno). Hasta 1883 no se uniría por el mismo medio la península con Canarias. En los últimos ciento cincuenta años la evolución de las telecomunicaciones submarinas ha evolucionado de manera impresionante. En las últimas dos décadas, la expansión mundial de las plataformas de Internet ha requerido la interconexión de numerosos centros de procesos de datos (CPD) para el almacenamiento, tratamiento y transferencia de un volumen enorme de información, que se genera y se puede transformar a escala planetaria en conocimiento, cultura y negocio al margen del nivel de desarrollo de la nación de la que proceda.
La situación de la Península Ibérica, -en el extremo sur oeste de Europa, próxima a África al tiempo que volcada a Levante y a las tierras orientales en la orilla opuesta del Mediterráneo, a la par de estrechamente vinculada por razones históricas, culturales y económicas con América del Sur, al tiempo que comparte meridianos con América del Norte- le ha predestinado a una posición de enorme relevancia en la iniciación, tránsito y recepción de tráfico de datos de Internet.
Dos circunstancias determinan la competitividad de la Península Ibérica como núcleo de telecomunicaciones: la conectividad internacional, predominantemente a través de cables submarinos y la existencia en el mismo territorio de instancias de las principales plataformas de las "nubes" ("cloud" en inglés) públicas de Amazon, Microsoft, Google, IBM (que a nivel global representan más del 82 por ciento de este mercado de cerca de 130 mil millones de €, según datos de Statista de Julio pasado), a las que se acaba de sumar Oracle con un anuncio en este sentido el pasado 11 de Octubre. Desde el último tercio del siglo pasado la península ibérica ha estado conectada con los archipiélagos y con otros países a través de mares y océanos y en los últimos cinco años, con la explosión de los datos asociados a Internet se han multiplicado los nuevos cables submarinos, que más que multiplican su capacidad y reducen muy significativamente el retardo gracias a los trazados optimizados y al avance tecnológico.
En la actualidad, España y Portugal están conectadas con el resto del mundo mediante 35 cables submarinos de comunicaciones (25 en España y 10 en Portugal), que alcanzan a 38 ciudades de la península y los archipiélagos. Destacan, por ser los más recientes, "Marea", que une Bilbao con el área de Washington, DC (2016), "Ellalink" (de cuyo Consejo de Administración forma parte el firmante), que une el área de Lisboa con la ciudad brasileña de Fortaleza (2021), "Equiano", que une también Lisboa con Ciudad del Cabo en Sudáfrica (2021) y el esperado "Grace Hopper", que asimismo unirá Bilbao con el área de Nueva York y que se espera entre en servicio el año próximo. Todas estas infraestructuras de telecomunicaciones submarinas han sido promovidas por el sector privado, con la participación habitualmente de los principales consumidores de su capacidad (Facebook y Microsoft parcialmente en el caso de Marea y Google en el caso de Equiano y Grace Hopper) y suponen inversiones de cerca de 20.000 euros por kilómetro, es decir en todos los casos de cientos de millones de euros.
Es muy interesante destacar que la capacidad de transmisión de datos (ancho de banda) -equivalente a casi 7.000 largometrajes de Netflix por segundo por cada par de fibra, de los que tienen entre 4 (Ellalink), 8 (Marea) y 16 (Equiano y Grace Hopper) respectivamente- de estas infraestructuras evoluciona al ritmo exigente de tráficos que crecen a tasas medias por encima del 40 por ciento anual. No obstante, se trata de instalaciones con una vida útil cercana a 25 años y que, una vez tendidas, solo se puede actuar sobre los elementos activos de las mismas, es decir, la alimentación de energía y los equipos en sus extremos que permiten iluminar la fibra óptica, que es el superconductor que emplean.
Adicionalmente, los cables submarinos suelen compartir las rutas, de manera que se asegura la continuidad del servicio en el improbable supuesto de una avería, normalmente debidas a movimientos sísmicos o provocado por la acción humana, especialmente con las artes de pesca. Esta redundancia es un elemento fundamental de ciertas comunicaciones críticas transaccionales, como las vinculadas al sector financiero. Naturalmente, los cables submarinos llegan a puntos del litoral ("se amarran" en el argot del sector) y las líneas de transmisión terrestres, normalmente de menor capacidad, al no requerir agregar volúmenes tan elevados de tráfico, hasta llegar a los CPD, donde la información se procesa y se cursa hasta otros puntos de procesamiento o de consumo (usuarios finales). En general las líneas de alta capacidad terrestres están asociadas a otras infraestructuras que conectan las principales poblaciones (redes eléctricas de distribución o trazados ferroviarios o de autopistas) y operan sobre similares presupuestos técnicos que las submarinas.
En realidad, el mayor tráfico de datos se produce dentro de los CPD, entre diferentes servidores, atendiendo a necesidades de almacenamiento o de tratamiento de los datos, generando una economía de escala proporcional al número de sistemas interconectados. Se trata, en definitiva, de estar donde están los demás, de manera que el número y las dimensiones de los CPD no dejan de crecer, con una demanda creciente de energía, no obstante la mejora de la eficiencia en el consumo, lo que lleva a ubicaciones cada vez más remotas de los centros urbanos y más cercanas a las centrales de generación eléctrica, preferiblemente renovable, de modo que el pueda mostrar credenciales adecuadas en materia medio ambiental. Precisamente esto ha dado un nuevo protagonismo a las zonas en que se encuentran las estaciones de amarre de los cables submarinos ("Hub" de Derio de Telxius, co-propietario de Marea y el "Start Campus" de Sines, junto a la estación de amarre de Ellalink, en el que está prevista la instalación de un enorme CPD con una inversión de 3.500 millones de euros y un consumo energético de 1GW 100 por ciento renovable, que fue presentado por el primer ministro luso Antonio Costa el pasado 23 de abril). De este modo, la península es un territorio "de paso" muy relevante del tráfico de datos intercontinental, atendiendo esta infraestructura igualmente a las demandas de redes de última milla, fijas y móviles, cada vez más tupidas y necesitadas de redes de agregación más potentes.
Desde el punto de vista financiero, los cables submarinos y las redes terrestres más antiguas (en este sector a partir del tercer a quinto año de operación la pérdida de competitividad frente a una infraestructura nueva, según mis estimaciones se sitúa prácticamente en el mismo nivel que la erosión de precios unitarios, actualmente, según Telegeography concretamente entre el 30 y 40 por ciento en la ruta del Atlántico norte entre Europa y Norteamérica), salvo que estén vendidas y cobradas en cerca de la mitad del coste de despliegue al tiempo de su entrada en servicio incurren en riesgos de no recuperar el importe de la inversión hacia la mitad de su vida útil de alrededor de 25 años, cuando vencen habitualmente los primeros acuerdos de cesión de uso ("irrevocable right of usage" o "IRU" en inglés).
La razón principal es que el incremento sustancial de la capacidad nominal de las infraestructuras más modernas les permite ofrecer precios unitarios más bajos, idealmente con decrementos inferiores al aumento del tráfico, excediendo los costes asociados a la operación y mantenimiento, que permanecen prácticamente estables a lo largo de los años.
Plan España Digital 2025
El impulso de los Gobiernos de España (a través del plan España Digital 2025, que enuncia un eventual plan para la conectividad y las infraestructuras digitales transfronterizas) y de Portugal (por medio de la iniciativa Portugal Digital 2020, que lanzó la idea de las "zonas libres tecnológicas", con un régimen de ayudas todavía pendiente de concreción mediante la actuación de las entidades locales) al desarrollo de la conectividad internacional y al crecimiento de los CPD en sus territorios ha quedado reforzado por la aprobación por el Consejo de la Unión Europea de la "estrategia para una Europa conectada a nivel global" el pasado 12 de julio.
El nudo de interconexión global en la península ibérica está reconocido como determinante para la competitividad de la Unión Europea, como espacio económico y tecnológico avanzado y seguro, teniendo presente que sólo tres de los intercambiadores europeos de Internet ("IX" en acrónimo en inglés), Francfort (DE-CIX) y Amsterdam (AMS-IX y NL-IX), gestionan juntos un ancho de banda medio próximo a 16 Tbps, por encima de los del intercambiador de Brasil (11 Tbps) y el global de Equinix (10 Tbps). Si importante es que la información sea obtenida, tratada y transferida dentro de la Unión Europea de acuerdo con los parámetros técnicos, medioambientales y legales más exigentes, no lo es menos que el tránsito intercontinental sea realizado de manera consistente y eficaz, exportando prácticas sobresalientes a otras partes del mundo y contribuyendo al desarrollo de cualificaciones laborales de vanguardia, no obstante la escasez de titanes de Internet de origen europeo y las dificultades para competir con la escala de los espacios de datos de Estados Unidos y China. Me permito en este punto discrepar de la valoración inquietante de estas infraestructuras que realizó en Cinco Días del 12 de Octubre pasado Juan José Galán, dado el carácter generalmente abierto y en todo caso robusto de los cables submarinos de telecomunicaciones, basados en las economías de escala y las sinergias de la compartición apoyadas en los acuerdos recíprocos de servicio entre los operadores de primer nivel ("tier-1" en inglés).
Una reforma de la tributación de las telecomunicaciones en España y Portugal, que, en lo que respecta a la primera y según un informe de 2020 elaborado por la consultora EY para la asociación "Digital.ES" es la más elevada de Europa (6,6 por ciento del volumen de operaciones -de los que 2,1 por ciento asociados a tributos específicos- frente a una media del 4% en la Unión Europea) y que es sufragada especialmente por los operadores de red móvil (tasa por reserva del dominio público radioeléctrico) y por Telefónica, en razón de su régimen especial derivado del uso histórico preferente de dominio público local para la extensión de sus redes. Teniendo presente el maltrecho estado de las cuentas públicas y la patente rentabilidad asociada al empleo de los datos en las economías digitales por parte de las grandes plataformas, a su vez propietaria de cables submarinos de telecomunicaciones y otras infraestructuras asociadas, no es descartable que se produzca una eventual transferencia de la carga tributaria hacia estas últimas, que podría debilitar la competitividad de la península ibérica en el tránsito internacional de datos frente a Francia, teniendo presentes las interconexiones en Marsella y en la costa Atlántica y en el norte de África, particularmente el archipiélago de las Azores y el litoral atlántico marroquí, que disponen de infraestructuras adecuadas para el amarre de nuevos cables submarinos.
Finalmente, cabe la posibilidad de que las administraciones públicas españolas y portuguesa se planteen la necesidad de retirar de los fondos marinos de sus aguas continentales y zonas económicas exclusivas los cables submarinos que dejan de estar operativos, teniendo presente la nueva conciencia pública en torno a los residuos y los bienes públicos. Presumiblemente esa actuación, de ser planteada, sin que por el momento exista indicación alguna al respecto, debiera alcanzar a todos los Estados miembros de la Unión Europea, pero es necesario recordar que la península ibérica es la frontera sudoccidental del continente. La geografía juega pues a favor de un papel singular de España y Portugal en la economía digital, con impactos esperados muy positivos en la creación de valor añadido y el desarrollo de profesionales cualificados para las demandas de un tejido empresarial que pueda servir, gracias a la nueva conectividad internacional de la península ibérica, a las necesidades de los negocios y la investigación.
