En plena crisis energética por la escalada sin precedentes que ha experimentado el precio de la electricidad en las últimas semanas, la consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura de la Comunidad de Madrid (CAM), Paloma Martín Martín, denuncia en una entrevista con elEconomista que el Gobierno todavía "no ha transferido el dinero de los bonos sociales eléctricos de este último año a las comunidades autónomas". Así lo asegura la consejera que apunta que esto demuestra que "el Gobierno todavía está más en deuda con las familias que peor lo están pasando este año".
Martín se muestra crítica con la gestión que ha realizado el Ejecutivo en esta crisis y apunta que el presidente el Gobierno, Pedro Sánchez, "se está demostrando incapaz de hacer frente a esta crisis de subida de la luz". "La solución no puede venir con un mayor intervencionismo y por ahogar a las empresas" y advierte de que tampoco es correcto "demonizar ciertos sectores como se ha hecho con las nucleares y ahora se vuelve a hacer con la hidroeléctrica".
La consejera considera que es imprescindible saber que se "necesitan energías de transición". "A día de hoy una energía 100% renovable no es posible ni técnica ni económicamente. Por eso le que pedimos a Sánchez que no engañe a los españoles. Tiene que hacer una política energética coherente y una transición ordenada que permita avanzar con planes de energías renovables sin demonizar sectores y sin querer establecer un cambio radical de un sistema a otro".
"No podemos admitir que tenemos que poner la lavadora por la noche o que nos digan que esto depende del precio del gas que fije Rusia", denuncia Martín, que le pide a Sánchez que tome el problema como suyo y que se haga cargo. Además, la experta recuerda que hay propuestas encima de la mesa "muy trabajadas de un comité de expertos de transición energética aprobadas en el año 2018 donde ya diseñaba cuál era el camino a seguir". Así, apunta que este comité ha apostado por "sacar de la tarifa todo aquello que no supone el consumo real de cada una de las familias". Optaban también por "reducir todos los impuestos. Sacar el déficit tarifario y el coste adicional que supone llevar la luz a las Islas y a Ceuta y Melilla detraerlo del coste de la luz que nos llega a todos los españoles a través de la factura".
Canal de Isabel II y Metro
La consejera de Medio Ambiente recuerda que la subida del precio de la luz supone una pérdida de poder adquisitivo para los ciudadanos, que ven cómo se incrementan los costes básicos de determinados servicios, no solo de la factura de la luz, "también cuando vayan a llenar el depósito de su coche y cuando vayan al supermercado a hacer la compra".
Asimismo, apunta que los servicios públicos también se resienten por este encarecimiento de la electricidad. "Vemos cómo el coste de la energía impacta en las cuentas de servicios públicos como el Canal de Isabel II, que ha visto incrementado solo entre julio y agosto en 3,3 millones de euros el coste para las instalaciones de agua, o el Metro de Madrid, que ha visto cómo se ha incrementado su factura de la luz de forma sustancial".
El Canal de Isabel II no trasladará la subida de la luz a la factura de agua de los madrileños
Sin embargo, Martín asegura que el compromiso de la CAM es "no trasladar ese incremento de los costes de nuestros servicios a los ciudadanos, de forma que el Canal asumirá como propio ese incremento y no lo repercutirá en la factura del agua de los madrileños".
Por otro lado, la consejera pone en valor que desde la CAM han anunciado un plan de descarbonización dotado de 1.000 millones para ejecutar en tres años. "España necesita importar el 74% de la energía que consume y nosotros hemos lanzado un plan que se compone de 58 medidas muy orientadas a los sectores que más emisiones de gases contaminantes producen (transporte y residencial) para disminuir nuestra dependencia energética".
