Europa quiere avanzar en la regulación de los 'lobbies' a medida que estos profesionales toman cada vez más poder en nuestro país y más repercusión frente a los ciudadanos. Para conseguirlo, la Comisión Europea ha ligado el desembolso de los fondos Next Generation EU a la regulación de estos grupos. elEconomista ha hablado con María Rosa Rotondo, presidenta de APRI, para conocer cómo está trabajando España en su regulación.
APRI lleva años trabajando por una regulación de los 'lobbies', ¿en qué situación está España en este momento?
Se está avanzando en varias líneas de trabajo que son las necesarias. Por un lado, se avanza en una regulación por parte del Gobierno que aplique a la Administración General del Estado y, por otro lado, se está trabajando en su regulación en el Congreso de los Diputados. Luego el Senado hará lo propio. También es muy importante el avance en el debate social, la cuestión de quién y cómo hace lobby, que ya está en el debate, no en el ciudadano de a pie, pero sí en el mundo empresarial. Es incuestionable que ahí hay más atención a este asunto que la que ha podido haber hasta hoy.
En el mundo empresarial hay más atención a este asunto ahora que la que ha podido haber hasta hoy
¿Por qué es necesario regular los 'lobbies'?
Es imprescindible para nuestra calidad democrática y la calidad de trabajo de las instituciones. Permíteme que sea muy tajante: es imprescindible. No podemos hablar de democracia sana si el diálogo entre organizaciones empresariales y poderes públicos está oculto. Mejora la rendición de cuentas, la participación, se sabe a qué intereses obedecen las decisiones del Gobierno y, sobre todo, se constata que no siempre se regula por y para los ciudadanos. Tratemos de evitarlo.
La UE ha vinculado la regulación de los 'lobbies' a los fondos europeos. ¿Es la única forma de conseguir que se regulen?
Parece que sí. Nuestra insistencia no ha sido suficiente. Dentro de que la UE no tiene competencias ni capacidad de obligar a España o algún otro estado a regular este tema, sí que puede hacer uso de estos mecanismos indirectos de presión. Nos alegra. No nos gustaría que fuera así, pero es muchísimo mejor que sea a través de la UE, en vez de que sea, por ejemplo, como consecuencia de un escándalo.
Es mucho mejor que se regule a través de la UE que como consecuencia de un escándalo
¿Esta situación es exclusiva de España?
Lo cierto es que el panorama en la UE, incluso a nivel mundial, es bastante homogéneo. Hay pocos países que lo hayan regulado de una manera completa y bien. Paradójicamente son las instituciones europeas las que lo han regulado mejor. Podemos hablar de que Francia, Canadá, Israel y Chile tienen buenas legislaciones pero son más bien la excepción. La pauta común es que a los Estados no les interesa regularlo.
Hace unos días se rechazó la enmienda a la totalidad del PP en el Congreso, ¿en qué punto se encuentra?
Era esperable porque forma parte del cruce de espadas entre PP y PSOE. Presentaron dos propuestas de modificación del reglamento, tenía que sobrevivir una, la que esperábamos que lo hiciera, la del grupo mayoritario. La propuesta del PSOE se tiene que tramitar en la Comisión del Reglamento, con la misma composición que la Mesa. Se discutirán enmiendas parciales, se tienen que aprobar por mayoría absoluta... La historia muestra que es tremendamente improbable que se apruebe salvo que exista enorme consenso. No se ha modificado desde 1985, cada vez que se intenta, los nacionalistas plantean las lenguas oficiales y se ha bloqueado.
A nivel de contenido, ¿cuáles son las diferencias entre propuestas?
El periodo de desconexión de los diputados. El PSOE se desmarcó con una propuesta tremendamente excesiva, desde mi punto de vista, y pensamos que la mejorará. Esta es más interesante y completa.
Pero ya hay un reglamento...
Efectivamente, hay temas que ya podrían estar haciendo y no se hacen. Por ejemplo, el Código de Conducta que aprobó Ana Pastor y que voluntariamente se incumple. Es mucho más suave que una regulación completa. Incluye agendas públicas, normas sobre regalos...
¿APRI ha presentado alguna propuesta?
Hemos hecho enmiendas a ambos textos. Pretendemos alinear esas propuestas con las nuestras. Con respecto al periodo de desconexión, según nuestro código de conducta, son 3 años. La legislación de altos cargos establece dos. Ampliamos el ámbito subjetivo, lo aplicamos a cualquier puesto electo o designado en la administración. APRI tiene que liderar la profesionalización.
¿Ve factible que esta legislatura salga adelante la norma?
Las posibilidades son más altas que nunca. Por el tema de los fondos europeos, porque está en el acuerdo de coalición, está en el debate social, ha habido grandes dinamizadores de la discusión como la entrada de Acento y el fichaje de Carmona. Se da madurez en el debate.
¿Cómo valoran el ficha de Carmona por Iberdrola España?
Nosotros no vemos ninguna razón para criticar esta elección por parte de Iberdrola de este exdiputado autonómico. Si se analiza los detalles, es una persona que no ha tenido una responsabilidad directa en el sector energético y no tiene una interlocución especialmente positiva con el partido en el Gobierno. Pero sí ha suscitado este debate. El trasvase entre lo público y lo privado es positivo, lo importante es que se haga bien. No es lo mismo que otros nombramientos de Iberdrola que, desde mi punto de vista, sí que estaban orientados a influir en el Gobierno.
¿Y Acento y Pepe Blanco?
El mercado dirá si Acento tiene un modelo de negocio sostenible. No hemos podido admitirles como empresa al contar entre sus accionistas con gente que incumple nuestro código de conducta.
Todo esto nos demuestra que en la calle no se entienden los lobbies, ¿qué se puede hacer para que se entienda?
Transparencia y participación. Una alimenta a la otra. Cuando se levanta el velo de misterio que hay sobre nuestra actividad, se suele descubrir que es normal y habitual, bastante 'business oriented'. Sin maldad. Es el siguiente paso.
