Durante el primer trimestre del año, el 91% de los concursos de creatividad y gestión de medios convocados por las administraciones públicas presenta algún tipo de irregularidad. Esta es una de las conclusiones del primer estudio realizado por el Observatorio de Concursos Públicos de Publicidad, impulsado por la Asociación de Agencias de Creatividad Transformadora (ACT) y la Federación de Empresas de Publicidad y Comunicación (La FEDE), basado en unos criterios que ambas organizaciones consideran "razonables". El objetivo de este estudio es "que haya una mejor utilización de todos los recursos públicos que se están poniendo sobre la mesa para este tipo de acciones de comunicación, publicidad, creatividad y medios", apunta José Carlos Gutiérrez, presidente de La FEDE.
El estudio -elaborado tras analizar 118 licitaciones públicas (de un presupuesto superior a 100.000 euros) valoradas en 250 millones de euros y presentadas en los tres primeros meses de este año y realizado en colaboración con Infoadex y CIPESA- revela que el criterio más incumplido es la posibilidad de presentación por otras vías además de la electrónica. El 91% de los casos solo permite la presentación electrónica. En este sentido, el sector no muestra una oposición, sino que ante los problemas técnicos que puedan surgir "pedimos que se considere siempre tener la alternativa que se tenía antiguamente de entregar un sobre lacrado", señala José María Rull, vicepresidente de la ACT.
Por otro lado, en el 42% los plazos para presentar los proyectos son insuficientes. Además, el 51,7% requiere una facturación muy elevada a las empresas para participar. De hecho, en algunos concursos se pide que las agencias participantes justifiquen una facturación de una vez y media el valor estimado del contrato. Otro de los datos que ofrece el estudio, es que en 65% de los concursos prevalece el criterio económico por encima de la propuesta técnica y creativa.
Entre las conclusiones principales, el informe propone un plazo mínimo de tres semanas para poder presentar las propuestas, presupuestos ajustados a los requerimientos técnicos, ofrecer alternativas compatibles con los problemas técnicos de la plataforma oficial para presentar documentación y que la oferta económica sea posterior a los criterios técnicos, para que no se convierta en el único criterio de adjudicación. Rull apunta que "este documento nos da argumentos para colaborar con las administraciones en la mejora de la gestión de los concursos públicos y, por tanto, de la eficiencia de los recursos públicos dedicados a la publicidad y la comunicación".
En la parte más positiva, los pliegos de condiciones y bases de contratación de 49 concursos (el 41,5% de los analizados) establecen que la resolución de adjudicación deberá ser motivada, será notificada directamente a la adjudicataria y a las restantes licitadoras, y publicada. "Es una exigencia lógica y mínima para poder establecer la máxima transparencia del proceso, y debería generalizarse a todos los concursos", recoge el informe.
Además, en este trimestre, ningún concurso de medios limita la participación de las agencias, que es otra de las reivindicaciones que se ha hecho por parte del sector y que tuvo que ser denunciado en años anteriores en algunos casos que permitían solo la participación de los medios de comunicación.
De los 118 concursos analizados por el Observatorio, siete fueron convocados por la administración central, 35 por la autonómica, 38 por la local y/o comarcal, 37 por empresas públicas y uno por un organismo europeo. Salvo este último caso, "en todas las administraciones es muy superior el número de concursos que no cumplen los criterios considerados lógicos y equitativos para facilitar la libre concurrencia y participación", señala el estudio.
El mayor concurso
De hecho, el mayor concurso del primer trimestre, convocado en enero, es el "Acuerdo Marco para la prestación de los servicios de compra de espacios en medios de comunicación y demás soportes publicitarios para la difusión de las campañas de publicidad institucional", de la Junta de Contratación Centralizada, con 112 millones de euros de presupuesto para cuatro años.
Este concurso incumple dos de los criterios analizados: la adjudicación por oferta económica, pues el precio tiene un valor del 100% para la pertenencia al grupo de agencias seleccionadas, y establece un plazo de presentación de solo 15 días para la presentación de propuestas amparándose en una condición de urgencia.