"Tenemos un gran problema monopolístico", aseguraba recientemente la senadora demócrata, Amy Klobuchar. La principal responsable de abanderar el azote antimonopolio en el Capitolio estadounidense reconoce que la economía estadounidense "se enfrenta a un enorme problema de competencia que no puede seguir escondiéndose bajo la alfombra".
A comienzos de mes, la legisladora por Minnesota presentó su ambicioso proyecto de Ley de Reforma de la Competencia y de la Aplicación de la Ley Antimonopolio, destinado a limitar la concentración de poder empresarial en la economía, con especial atención en las grandes tecnológicas de Estados Unidos.
La legislación propone nuevos obstáculos a los grandes gigantes que intenten absorber a competidores más pequeños, evitando que se repitan operaciones como la adquisición de Instagram por parte de Facebook en 2012. Las demandas federales y estatales contra Facebook argumentan que este acuerdo, al que los reguladores no se opusieron en su momento, eliminó la competencia que podría haber plantado cara a la red social de Mark Zuckerberg.
El proyecto de ley también incluye bloqueos para las adquisiciones de empresas "disruptivas" que presenten mejores ofertas para los consumidores que sus competidores de mayor tamaño, como por ejemplo hacía T-Mobile antes de su fusión con Sprint. Al mismo tiempo aboga por aportar más fondos a las agencias antimonopolio a este lado del Atlántico. De esta forma, ciertas operaciones de compra se enfrentarán a un mayor escrutinio. Sería el caso de la megafusiones valoradas en más de 5.000 millones de dólares o aquellas que impliquen una adquisición por parte de una empresa dominante, es decir, que cuenten con una cuota de mercado del 50% o posean una influencia significativa.
Hasta la fecha, pese a que los reguladores y legisladores han sido conscientes de que ciertas compras plantean riesgos significativos para la competencia, no han conseguido frenarlas debido a su difícil y costoso proceso de impugnación en los tribunales. Es por ello que este proyecto de ley quiere trasladar la carga legal del gobierno a las empresas que se fusionan, que tendrían que demostrar que sus operaciones no crean un riesgo que disminuya materialmente la competencia o fomenten la creación de un monopolio.
Problemas estructurales
"Actualmente hemos aceptado de forma generalizada que la concentración empresarial es extrema. Ahora, la cuestión es qué debemos hacer al respecto", explica Sarah Miller, directora del American Economic Liberties Project. Este organismo antimonopolio sin ánimo de lucro consideran que el poder monopolístico se ha convertido en un factor causal de algunos de los problemas estructurales que enfrenta la economía de EEUU.
Durante décadas, las revisiones antimonopolio han empleado un "criterio de bienestar del consumidor" que examina las fusiones en función de la eficiencia económica, centrándose principalmente en el efecto que un acuerdo tiene sobre los precios. Pero las ciudadanos no son sólo consumidores: también son trabajadores, votantes, empresarios y miembros de la comunidad. En la práctica, argumenta Miller, cuando las industrias se consolidan, los consumidores a veces pagan menos por los productos, pero los salarios se estancan y el espíritu empresarial se tambalea.
En un informe elaborado por esta organización se concluye que "la crisis de concentración empresarial" ha aumentado durante los últimos cuatro años debido a la desregulación abanderada por el expresidente de EEUU, Donald Trump. La respuesta a la pandemia también avivó este problema. Así, desde 2017 hasta 2021, se han registrado más de 1.340 compras o fusiones por valor de más de 100 millones de dólares. Dentro de estas al menos 74 han superado una factura de 10.000 millones de dólares.
La suma total asciende a los 3,04 billones de dólares amplificando esta concentración en múltiples sectores de la economía, desde las grandes tecnologías hasta las telecomunicaciones, la banca, los hospitales, los contratos de defensa, los productos farmacéuticos y el comercio minorista.
Al menos 31.000 millones de dólares (25.600 millones de euros) corresponden a los colosos de Silicon Valley. Alphabet, la matriz de Google, desembolsó 4.863 millones de dólares en la compra de Fitibit, Looker Data Sciences y Pomo Search. Desde su fundación, la compañía liderada por Sundar Pichai ha realizado al menos 223 compras. Google se enfrenta actualmente a varias demandas antimonopolio.
En el caso de Microsoft esta cifra se sitúa en 205. Entre 2017 y 2021, la de Redmond, Washington, ha desembolsado 7.765 millones de dólares en adquisiciones, con especial atención a GitHub mientras Apple ha hecho lo propio con un total de 1.000 millones de dólares para hacerse con Shazam, Lattice Data, Xnor.ai, NextVr y Mobeewave. La de la manzana ha absorbido al menos 105 empresas desde su creación.
Por su parte, Amazon, el imperio de Jeff Bezos, ha gastado 16.550 millones de dólares desde 2017, aupado por la compra de la cadena de supermercados Whole Foods por la que pagó 13.700 millones de dólares. La plataforma de comercio electrónico por excelencia acumula al menos 72 operaciones de compra desde su fundación. En el caso de Facebook, su actividad ha sido más bien tímida, con la compra de solo dos compañías (Giphy y CTRL Labs) por las que desembolsó un total de 900 millones de dólares. Aún así, la red social ha construido su dominio actual a través de la adquisición de 80 empresas, entre ellas WhatsApp por 19.000 millones de dólares.
Durante su campaña, el presidente de EEUU Joe Biden reconoció la necesidad de reforzar la aplicación de la legislación antimonopolio y el daño que la concentración empresarial ha causado a los trabajadores, las familias, los consumidores y las comunidades. El demócrata se comprometió a modificar la legislación antimonopolio.
