Madrid, 28 nov (EFECOM).- El juez Baltasar Garzón ha archivado una querella presentada por el ex consejero de Banesto Rafael Pérez Escolar contra el presidente del Grupo Santander, Emilio Botín, y otros 21 ejecutivos por haber cometido presuntamente diez delitos por un montante superior a 8.047 millones de euros.
El auto del juez Garzón, conocido hoy, ratifica el informe del fiscal Carlos Bautista e indica que los hechos narrados por la demanda, de 189 páginas, "no son constitutivos de delito alguno" y que, en el caso de que así fuesen, estarían prescritos.
La denuncia, sobre la que ha decidido el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, indica que los ejecutivos del Banco Santander y Banesto, junto al ex gobernador del Banco de España, Luis Angel Rojo, "se aprovecharon ilícitamente" de la intervención de Banesto por parte del Banco de España.
Pérez Escolar, condenado por el caso Banesto, acusa a los 22 ejecutivos de presuntos delitos de apropiación indebida, falsedad en las cuentas anuales y en documento mercantil, revelación de secretos, uso de información privilegiada, maquinación para alterar el precio de las subastas, cohecho, prevaricación, estafa, malversación de caudales públicos, delito tributario y fraude en la obtención de ayudas públicas.
Sin embargo, el juez Garzón considera que, pese a estar "aparentemente bien armada, se funda en una cadena de hipótesis no contrastadas y que, por el contrario, se contradicen los informes emitidos por auditores externos, el Banco de España y los organismos que estuvieron al frente o autorizaron la intervención de Banesto".
Además, señala que no existe malversación de caudales públicos en los 285.000 millones de pesetas (1.712 millones de euros) que inyectó el Fondo de Garantía de Depósitos a Banesto, después de su intervención en 1993.
Tampoco, a su juicio, existe "ninguna irregularidad" en que la sociedad SCI Gestión se encargase, con la autorización del Banco de España, de "gestionar los activos dudosos" para no "afectar al equilibrio patrimonial" de Banesto, pues finalmente, estos activos fueron cobrados.
"Ni se descubre la intención maliciosamente lucrativa de los querellados, ni muchos menos, las supuestas confabulaciones y acuerdos torticeros entre los querellados para causar el perjuicio" del que habla la demanda, añade el juez Garzón.
Entre los ejecutivos citados en su denuncia por el ex consejero de Banesto en la época de Mario Conde, se encuentran, entre otros, la actual presidenta de Banesto, Ana Patricia Botín, el accionista mayoritario de Bankinter Jaime Botín y el consejero delegado del Grupo Santander, Alfredo Sainz.
Hasta llegar a los 8.047 millones de euros (1,33 billones de pesetas) cifrados en la querella, el delito de malversación de caudales públicos supone más de 327.000 millones de pesetas (1.965,3 millones de euros), mientras que la apropiación indebida llega a 750.000 millones (4.507,6 millones de euros) y el delito tributario supera 262.000 millones de pesetas (1.574,6 millones de euros).
Garzón, en línea con lo expuesto por el fiscal, advierte en su auto que el análisis de la denuncia "no se hace a la vista de los documentos justificativos de créditos, obligaciones y activos financieros existentes en la diferentes sedes del banco, sino que resulta de opinar sobre lo que otros han hecho" (la auditora Price Waterhouse y el Banco de España).
Además recuerda que varias sentencias de la Audiencia Nacional y la Audiencia Provincial de Madrid indican que SCI Gestión tenía permiso para acordar la cesión de "activos dañados" (créditos morosos, créditos vivos y participaciones de sociedades del grupo sobrevaloradas) y que no hubo "indicios de responsabilidad contable" por parte del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD).
Por último, Garzón rechaza que exista prevaricación por parte del entonces gobernador del Banco de España, Luis Angel Rojo, pues no se ha conseguido que los juzgados declaren ilícita la intervención de Banesto, ni que se dé un delito de cohecho, pues Rojo cumplió "los límites temporales" que marca la ley de incompatibilidades antes de incorporarse al consejo de administración del Grupo Santander.
"No se aprecia en la conducta del entonces gobernador que revelara secreto alguno" ni tampoco se aporta "ningún indicio" sobre la supuesta "falsedad de cuentas", concluye el juez Garzón en su auto. EFECOM
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