Considera que los hechos denunciados por Pérez Escolar "no son constitutivos de delito alguno"
MADRID, 22 (EUROPA PRESS)
El fiscal de la Audiencia Nacional Carlos Bautista entregó hoy un informe al titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, Baltasar Garzón, en el que solicita que inadmita la querella presentada a principios del pasado mes de octubre contra el presidente del Santander Central Hispano, Emilio Botín, y otros 21 consejeros y ex ejecutivos de la entidad, entre ellos el ex gobernador del Banco de España, Luis Ángel Rojo, por la supuesta apropiación indebida de 4.507 millones de euros pertenecientes a Banesto.
En su escrito, de 13 páginas, Bautista pide al magistrado que archive las diligencias previas incoadas tras la presentación de la querella por el ex consejero de Banesto y condenado en el proceso abierto a raíz de la intervención de esta entidad en 1993 Rafael Pérez Escolar. Considera que los hechos atribuidos a los directivos por la gestión de Banesto tras su intervención "no son constitutivos de delito alguno".
Pérez Escolar acusaba a los responsables del Santander de un total de 11 delitos: apropiación indebida, falsedad en las cuentas anuales y en documento mercantil, revelación de secretos, uso de información privilegiada, maquinación para alterar el precio de las subastas, cohecho, prevaricación, estafa, malversación de caudales públicos, delito tributario y fraude en la obtención de ayudas públicas. A lo largo de su informe, el fiscal Bautista analiza una por una estas atribuciones, y concluye que no existió conducta delictiva alguna.
CREDITOS A BANESTO.
La querella, según señala el fiscal en su informe, "cuestiona el destino de todos los créditos que en su día se calificaron como dudosos dentro del ámbito de esa mala administración que dio lugar, precisamente, a la intervención del banco". Según el querellante, y con el objeto de sanear la entidad, se trasladaron dichos créditos a una empresa instrumental, SCI gestión, como medio de recuperar el equilibrio patrimonial del banco con inyección de fondos públicos, por una parte, y la eliminación del balance de los activos, de otra.
Junto a todo ello, Pérez Escolar cuestionaba la necesidad de la aportación a Banesto de 285.000 millones de pesetas a fondo perdido procedentes del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), y estima que la aplicación de un saneamiento innecesario constituyó un delito de malversación de caudales públicos.
Tras analizar la denuncia, el fiscal señala que debe dudarse de la anterior afirmación si se tiene en cuenta el propio informe pericial que acompañaba a la querella y que, "lejos de afirmar con rotundidad que hayan existido y desaparecido las cantidades de que habla el querellante (...) se limita a afirmar la existencia de divergencias de aplicación de partidas y a achacar a la contabilidad oficial oscuridades, incoherencias y errores, consistiendo la crítica principal el enmascaramiento como provisiones de los que serían a su juicio reservas tácitas".
Según el Ministerio Público, cuando tres servicios distintos -Inspección del Banco de España, auditora externa y Tribunal de Cuentas- coinciden en afirmar la existencia de una desfase millonario en las cuentas de Banesto y la necesidad de su reflotamiento, con la consiguiente inyección de dinero por parte del FGE, "no parece que un informe elaborado sobre lo que otros han dicho o hecho sea suficiente como para admitir la querella (...), al no alcanzar visos de verosimilitud".
Añade que el informe de los peritos del Banco de España ya fue cuestionado en el juicio del "caso Banesto", por el que fue condenado Pérez Escolar, y que "fueron desestimados todos los cuestionamientos que se hicieron contra el mismo, afirmando su validez".
EVITAR PRESCRIPCIÓN.
Añade que no puede dejar de advertir el "singular empeño", por parte del querellante, en conseguir una tipificación de los hechos como malversación, con el objetivo de impulsar, vistas las penas previstas, "la persecución de una serie de infracciones que, de lo contrario, dada la fecha de su comisión, estarían prescritas".
En cuanto al cohecho que se imputa a Rojo el fiscal considera que debe negarse la mayor, puesto que el ex gobernador del Banco de España cumplió los límites temporales que marcha la Ley de Incompatibilidades de Altos Cargos antes e acceder al consejo de administración del Santander. Dice lo mismo con respecto a otro de los querellados, el actual presidente de la Asociación Española de Banca.
En cuanto al delito de revelación de secretos que se imputa, por haber revelado Rojo a una serie de directivos de otras entidades bancarias el hecho de que se iba a intervenir Banesto, el fiscal señala que si bien el gobernador del Banco de España tenía obligación de secreto, no facilitó datos concretos ni el informe que justificaba la intervención, "elementos estos cuya divulgación sí hubiera podido constituir la infracción que se predica".
El informe finaliza excluyendo la comisión de falseamiento de cuentas y delito tributario por los gestores querellados, por lo que la querella debe ser inadmitida.
La iniciativa de Pérez Escolar se dirige también contra el ex presidente de Bankinter Jaime Botín, el ex presidente de Banesto Alfredo Sáenz Abad y su actual responsable, Ana Patricia Botín, y contra otros 17 ejecutivos que tuvieron alguna responsabilidad en este banco tras su intervención.
Pérez Escolar acusa a todos ellos de apropiarse indebidamente de 750.000 millones de pesetas (4.507 millones de euros) pertenecientes a Banesto, sobre cuyo paradero "no han dado la menor información a los accionistas, a la Hacienda Pública o al mercado". Reclama igualmente la responsabilidad civil subsidiaria de las sociedades mercantiles Banco Santander Central Hispano S.A., Banco Español de Crédito S.A. y de las auditoras Price Waterhouse Coopers y Deloitte S.L..
