Madrid, 22 nov (EFECOM).- La Fiscalía ha pedido al juez Baltasar Garzón archivar una querella presentada por el ex consejero de Banesto Rafael Pérez Escolar contra el presidente del Grupo Santander, Emilio Botín, y otros 21 ejecutivos por haber cometido presuntamente diez delitos por un montante superior a los 8.047 millones de euros.
En el escrito del fiscal Carlos Bautista, conocido hoy, se indica que los hechos narrados por la demanda, de 189 páginas, "no son constitutivos de delito alguno".
La denuncia, sobre la que habrá de decidir el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, indica que los ejecutivos del Banco Santander y Banesto, junto al ex gobernador del Banco de España, Luis Angel Rojo, "se aprovecharon ilícitamente" de la intervención de Banesto por parte del Banco de España.
Pérez Escolar, condenado por el caso Banesto, acusa a los 22 ejecutivos de presuntos delitos de apropiación indebida, falsedad en las cuentas anuales y en documento mercantil, revelación de secretos, uso de información privilegiada, maquinación para alterar el precio de las subastas, cohecho, prevaricación, estafa, malversación de caudales públicos, delito tributario y fraude en la obtención de ayudas públicas.
Sin embargo, el fiscal Bautista considera que no existe malversación de caudales públicos en los 285.000 millones de pesetas (1.712 millones de euros) que inyectó el Fondo de Garantía de Depósitos a Banesto, después de su intervención en 1993.
Tampoco, a su juicio, existe "ninguna irregularidad" en que la sociedad SCI Gestión se encargase, con la autorización del Banco de España, de "gestionar los activos dudosos" para no "afectar al equilibrio patrimonial" de Banesto, pues finalmente, estos activos fueron cobrados
Según el fiscal, "cabe dudar" de que, tal y como dice la querella, estas cuantías "escapasen al control de la hacienda y se hayan sustraído a los accionistas" constituyendo así un delito de apropiación indebida que, en cualquier caso, está prescrito pues los hechos datan del año 1994 y la querella se produce doce años después.
Entre los ejecutivos citados en su denuncia por el ex consejero de Banesto en la época de Mario Conde, se encuentran, entre otros, la actual presidenta de Banesto, Ana Patrica Botín, el accionista mayoritario de Bankinter Jaime Botín y el consejero delegado del Grupo Santander, Alfredo Sáinz.
Hasta llegar a los 8.047 millones de euros (1,33 billones de pesetas) cifrados en la querella, el delito de malversación de caudales públicos supone más de 327.000 millones de pesetas (1.965,3 millones de euros), mientras que la apropiación indebida llega a 750.000 millones (4.507,6 millones de euros) y el delito tributario supera los 262.000 millones de pesetas (1.574,6 millones de euros).
En su informe, el fiscal advierte que el análisis de la denuncia "no se hace a la vista de los documentos justificativos de créditos, obligaciones y activos financiero existentes en la diferentes sedes del banco, sino que resulta de opinar sobre lo que otros han hecho" (la auditora Price Waterhouse y el Banco de España).
Además, en su opinión, "resulta especialmente significativo y de una absoluta trascendencia que el Tribunal de Cuentas, a la hora de analizar las cuentas relativas a las distintas ayudas concedidas, ni ha encontrado base para acudir a un expediente de responsabilidad por alcance ni ha encontrado elementos que acrediten este gigantesco fraude".
Cuando una auditora, el Tribunal de Cuentas y el Banco de España coinciden en asegurar que existe "un desfase millonario" en las cuentas de Banesto y la "necesidad de un reflotamiento", lo afirmado en la querella "no es suficiente" para admitirla, "por no alcanzar visos de verosimilitud".
Por último, el fiscal Carlos Bautista rechaza que exista prevaricación por parte del entonces gobernador del Banco de España, Luis Angel Rojo, pues no se ha conseguido que los juzgados declaren ilícita la intervención de Banesto, ni que se de un delito de cohecho, pues Rojo cumplió "los límites temporales" que marca la ley de incompatibilidades antes de incorporarse al consejo de administración del Grupo Santander. EFECOM
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