Madrid, 24 nov (EFECOM).- El Consejo de Ministros ha aprobado en su reunión de hoy el Plan nacional de Asignación de Emisiones (PNA) 2008-2012 de gases de efecto invernadero para cumplir, según dijo la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, con el "enorme desafío" que supone el Protocolo de Kioto.
María Teresa Fernández de la Vega explicó en la rueda de prensa posterior al Consejo que las emisiones de esos gases, responsables del cambio climático, alcanzaron en España en 2004 niveles "completamente inaceptables".
Estaban tres veces por encima de lo comprometido y para remediarlo se han adoptado medidas de "tanta trascendencia" como los nuevos planes de energías renovables y del ahorro y eficiencia energéticas, que están produciendo "una notable moderación de las emisiones desde hace dos años y medio".
El nuevo PNA, precisó, se refiere al periodo 2008-2012, supone una reducción anual del 16% respecto a la asignación del plan anterior y un 20% respecto a las emisiones producidas en la industria en el año 2005.
"Es un plan de los más ambiciosos de los países de la UE, ayudará a reducir las emisiones de la industria que representan un 45% del inventario nacional, al tiempo que se preserva la competitividad del empleo en nuestra economía", agregó Fernández de la Vega.
El nuevo Plan, que se enviará ahora a la Comisión Europea, es el segundo español en el marco del régimen comunitario de comercio de derechos de emisión y el primero que se aplicará coincidiendo con el período de compromiso 2008-2012, establecido en el Protocolo de Kioto a la Convención Marco de Naciones Unidas de Cambio Climático.
En total, se reduce la asignación a las empresas de derechos de emisión hasta 152,659 millones de toneladas/año frente a los 182,175 millones de toneladas/año del período 2005-2007.
El objetivo sobre el que se ha construido este Plan está dirigido a que las emisiones globales de gases de efecto invernadero en España no superen en más de un 37% las del año base en promedio anual en el período 2008-2012.
Esta cifra total se alcanza a través de la suma del 15% de incremento del objetivo Kioto (año base 1990), de un 2% adicional a través de la absorción por los sumideros y de la adecuación del equivalente a un 20% en créditos de carbono procedente de los mecanismos de flexibilidad del Protocolo de Kioto.
En cuanto a la distribución de los derechos entre los distintos sectores, se ha tenido en cuenta tanto la capacidad tecnológica y el potencial de reducción de cada sector, como el distinto grado de exposición a la competencia internacional.
En la asignación a los sectores industriales se parte de la intensidad de emisiones por unidad de productos en 2005 y se introduce un esfuerzo adicional de mejora de eficiencia, lo que se traduce en una asignación anual de 73,64 millones de toneladas de derechos de emisión.
En relación con el sector de generación eléctrica, se toma como referencia el factor de emisión de la mejor tecnología disponible de cada tecnología de generación, corregida con un factor de ajuste, un criterio que conduce a una asignación de 54,053 millones de toneladas de derechos de emisión en media anual, es decir muy por debajo de los 85,4 millones del período 2005-2007.
Junto con el PNA, el Gobierno aborda también los sectores que no están contemplados en la normativa comunitaria, en particular los llamados "difusos", que representan un 55% de los gases de efecto invernadero.
Para afrontar esas emisiones se han diseñado el Plan de Energía Renovables 2005-2012, el Plan de Acción de Ahorro y Eficiencia Energética 2005-2007 y el Código Técnico de la Edificación, y también se ha decidido elevar el rango político e institucional de la Oficina Española de Cambio Climático a Dirección General.
El PNA 2008-2012 se sometió a consulta pública durante el pasado verano y se recibieron 113 observaciones, 65 de las cuales procedían de titulares de instalaciones, 25 de asociaciones industriales, 7 de otras asociaciones, 13 de Administraciones Públicas y 3 de particulares.
Tras esa consulta se ha reconsiderado el potencial de reducción y la tasa media anual de crecimiento de las emisiones para las instalaciones pertenecientes a diversos sectores como refinerías de hidrocarburos, siderurgia, o vidrio.
Se ha impuesto, en función del esfuerzo de reducción, un límite del 70 por 100 a las instalaciones de generación eléctrica de servicio público y un 20 por 100 al resto de instalaciones.
En lo referido a las centrales térmicas de ciclo combinado se mantiene la mención explícita en el texto de las horas mínimas de funcionamiento anual a plena carga de este tipo de centrales.EFECOM
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